La democracia mexicana se encuentra en un momento crítico. La reciente sesión extraordinaria del Congreso, lejos de ser un espacio de diálogo y construcción, se convirtió en un escenario donde se evidenció la preocupante tendencia del partido en el poder a imponer su agenda, silenciando las voces disidentes y atropellando los procesos legislativos. Esta práctica, lamentablemente recurrente, no solo socava la confianza ciudadana en las instituciones, sino que pone en grave riesgo el futuro de nuestro país.

La premura con la que se presentaron y aprobaron las reformas, sin dar tiempo a un análisis profundo ni a la participación ciudadana, es una clara señal de alerta. Dictámenes de cientos de páginas, liberados a altas horas de la noche y votados apenas unas horas después, impiden un debate serio y responsable. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones de tal trascendencia con tanta opacidad y prisa? ¿A quién beneficia esta forma de legislar? Ciertamente no a los ciudadanos, quienes ven cómo sus derechos y libertades son vulnerados en nombre de una supuesta eficiencia legislativa.

La justificación de legislar "por el pueblo" se desmorona ante la realidad de unas reformas que parecen diseñadas para controlar y silenciar a la sociedad. La creciente militarización, la posibilidad de vigilancia masiva sin control judicial y la persecución a las voces críticas pintan un panorama sombrío para la democracia mexicana. Lejos de construir un país próspero y justo, estas acciones nos conducen a un régimen autoritario donde el disenso es castigado y la libertad se ve amenazada.

La crisis económica que atraviesa el país se agrava con estas decisiones. En lugar de impulsar la inversión, generar empleos y apoyar a las familias que más lo necesitan, se destinan recursos a empresas estatales deficitarias, hundiendo aún más las finanzas públicas. ¿Cómo se explica que en un país con altos índices de pobreza se priorice el rescate de empresas ineficientes en lugar de invertir en programas sociales y desarrollo económico? Esta política, lejos de ser una solución, es una hipoteca para el futuro de México.

El Senado, como cámara revisora, tiene la obligación de actuar como un auténtico contrapeso al poder Ejecutivo. Debe ser un espacio donde las reformas se discutan con transparencia, se escuchen todas las voces y se tomen decisiones en beneficio del país, no de un grupo político. Es urgente que los senadores asuman su responsabilidad y defiendan los principios democráticos que están siendo vulnerados. La ciudadanía exige y merece un Senado digno, que legisle con responsabilidad y ponga fin a esta deriva autoritaria.

La lucha por un México democrático, donde la libertad y la justicia prevalezcan, es una tarea de todos. No podemos permitir que el miedo y la imposición silencien nuestras voces. Debemos exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto a nuestros derechos. El futuro de México está en juego y es nuestra responsabilidad defenderlo. No podemos ser cómplices de este retroceso democrático. Es tiempo de alzar la voz y exigir un cambio de rumbo. El silencio nos hace cómplices.