La sombra del control gubernamental se cierne sobre las telecomunicaciones en México. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones, junto con las recientes leyes del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia de Seguridad Pública, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Población, dibujan un panorama preocupante. Lejos de modernizar el Estado, estas leyes parecen tejer una red legal orientada al control y la persecución de la ciudadanía.

La disolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su reemplazo por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo, no es una mera reorganización administrativa. Es la decapitación de un órgano autónomo, un contrapeso vital para la pluralidad mediática, la competencia en el sector y la defensa de los usuarios. La ATDT, al nacer sin la debida independencia, abre la puerta a la manipulación política de las telecomunicaciones, debilitando la competencia y silenciando las voces disidentes. La neutralidad de la red, el libre acceso a la información y la libertad de expresión no pueden quedar a merced de una oficina supeditada al poder Ejecutivo.

La ley, además, permite la suspensión de transmisiones de radio y televisión bajo el ambiguo pretexto de violaciones a los “derechos de las audiencias”, sin especificar quién interpreta o garantiza dichos derechos. Esto no es protección, es una forma velada de censura. Aún más alarmante es la facultad de geolocalizar celulares en tiempo real sin orden judicial, lo que, combinado con el acceso del Secretario de Seguridad a bases de datos biométricas, fiscales, de salud, patrimoniales y de telecomunicaciones, configura un sistema de vigilancia masiva sobre la población.

Si bien la presión ciudadana y la labor de Acción Nacional lograron mitigar algunos excesos del dictamen original –como la eliminación del artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales, la corrección de violaciones al T-MEC y la eliminación de los artículos 201 y 202 que imponían censura previa a contenidos extranjeros–, la esencia autoritaria persiste.

La creación de la Comisión Nacional Antimonopolio, en sustitución de la Cofece, y presidida por una persona designada directamente por el Ejecutivo, refuerza la tendencia a subordinar instancias que deberían actuar con total autonomía frente al poder económico y político. Este panorama se agrava con el debilitamiento del INAI, el hostigamiento a jueces independientes y la creciente militarización de la seguridad pública. Todo converge hacia un modelo de gobierno opaco, sin controles ni espacio para la disidencia.

Ante este escenario, Acción Nacional se compromete a dar la batalla en el Congreso, exponiendo estos retrocesos y proponiendo correcciones que salvaguarden los derechos de los mexicanos. La privacidad, la libertad de expresión, el acceso a la información y la libre competencia no son concesiones, sino pilares fundamentales de una democracia.

México necesita instituciones sólidas e independientes, no subordinadas al poder. Necesita una regulación centrada en el ciudadano, no una vigilancia opresiva. Y, sobre todo, necesita una oposición que denuncie con firmeza lo que otros callan: el camino al autoritarismo se construye paso a paso, ley por ley. Acción Nacional no se quedará de brazos cruzados. Agotaremos todas las instancias legales, nacionales e internacionales, para impedir que estas leyes se conviertan en instrumentos de control político y defender las libertades de todos los mexicanos. La lucha por la democracia es una tarea constante, y estamos dispuestos a darla.