La sombra de la administración pasada se cierne sobre el presente de Veracruz. Un silencio elocuente, una ausencia de menciones, una distancia casi palpable: la gobernadora Rocío Nahle apenas si pronuncia el nombre de su antecesor, Cuitláhuac García. Y no se trata de un simple olvido, sino de una estrategia calculada, un intento de desmarcarse de una herencia política compleja y plagada de desafíos. Mientras la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, evoca con respeto la figura de Andrés Manuel López Obrador, reconociendo su labor y la base que sentó para su propia gestión, en Veracruz el panorama es radicalmente distinto. El peso del pasado, en forma de señalamientos por irregularidades financieras, dificulta cualquier intento de reivindicación.

La Auditoría Superior de la Federación ha puesto la lupa sobre la gestión de Cuitláhuac García, ubicándola como la segunda más cuestionada a nivel nacional, sólo por detrás de Jalisco. Los "boquetes financieros", como se les ha denominado en la prensa, son alarmantes y representan un obstáculo considerable para la actual administración. Nahle, en una encrucijada política, se ha visto obligada a tomar medidas, presentando denuncias que buscan esclarecer la situación y, de ser necesario, fincar responsabilidades. Este escenario contrasta fuertemente con la narrativa de continuidad y agradecimiento que se observa en la capital del país.

Las áreas más afectadas por estas presuntas irregularidades abarcan desde sectores clave como Espacios Educativos y el DIF Estatal, hasta instituciones educativas como el Conalep y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA). A esto se suman los señalamientos previos en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, configurando un panorama preocupante que exige una respuesta contundente. La magnitud de los presuntos daños patrimoniales pone en relieve la complejidad de la situación y el desafío que representa para la gobernadora Nahle.

La designación de Cuitláhuac García al frente del Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), a pesar de los cuestionamientos que pesan sobre su gestión en Veracruz, ha generado controversia. Se especula que esta decisión, impulsada por el propio López Obrador, responde más a una concesión política que a una convicción sobre su capacidad. La preocupación radica en que la historia se repita y el Cenagas sufra las mismas consecuencias que el estado de Veracruz. La incertidumbre se cierne sobre el futuro de este organismo estratégico para el país.

El hermetismo que rodea la figura de Cuitláhuac García en los círculos de poder es otro indicativo de la delicada situación. Su acceso a Palacio Nacional se encuentra restringido, limitado a casos estrictamente necesarios. Esta medida, interpretada como una forma de distanciamiento, refuerza la idea de que la administración federal está al tanto del desastre financiero que dejó en Veracruz. El futuro político de García se presenta incierto, marcado por las investigaciones en curso y la sombra de su gestión. ¿Logrará la gobernadora Nahle sortear los obstáculos heredados y encaminar a Veracruz hacia un futuro más estable? ¿Qué consecuencias tendrán las denuncias presentadas? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.