La danza de las cifras en el sector salud continúa, y con ella, la incertidumbre. Mientras Birmex asigna un primer paquete de 900 claves de medicamentos de las 1300 solicitadas, la cancelación de 600 claves por sobreprecio levanta sospechas. Si bien se menciona que los proveedores con precios inflados fueron sometidos a una subasta inversa para obtener mejores ofertas para la empresa estatal liderada por Carlos Ulloa, la opacidad en el proceso genera dudas. ¿Cómo se explica que, tras este reajuste, se anuncie una nueva licitación por 700 claves y más de 50 mil millones de pesos? ¿Acaso la primera asignación no cubría las necesidades? ¿O es que se está jugando con las cifras para justificar un gasto mayor? Aún más preocupante es la promesa de un abasto resuelto en 15 o 30 días, una afirmación que parece desligada de la realidad. Sin fecha de publicación ni lista de claves, ¿en qué se basa esta optimismo? Todo apunta a una manipulación de la información que llega hasta la Presidenta, pintando un panorama irreal.

La sombra de la Subsecretaría, dirigida por Eduardo Clark, se cierne sobre todo el proceso. Se dice que, aunque Birmex esté al frente de la compra, son ellos quienes realmente toman las decisiones. Este mismo equipo, según se rumora, estuvo involucrado en la evaluación de las claves con sobreprecio que provocaron la purga en Birmex y el desabasto actual. La cancelación de la compra por parte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, liderada por Raquel Buenrostro, y la salida de Iván Omar Olmos Cansino, ex director de Birmex, refuerzan las sospechas de irregularidades.

El clamor del sector privado, representado por cámaras y asociaciones, denuncia una soberbia gubernamental que impide reconocer el error de haber iniciado las compras tarde, a mediados de diciembre. La esperanza de encontrar proveedores con suficiente capacidad para abastecer los próximos 18 meses parece cada vez más tenue. ¿Será posible cumplir con la demanda o nos enfrentamos a una prolongación del desabasto?

Mientras tanto, en otros ámbitos, el gobierno avanza con sus planes. La llegada del primer avión Embraer E195 E2 para la nueva flota de Mexicana de Aviación, dirigida por el general Leobardo Ávila Bojórquez, marca el inicio de un ambicioso proyecto. Con una inversión total de 750 millones de dólares por 20 aeronaves, la administración de Claudia Sheinbaum busca competir con gigantes como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. ¿Será esta una apuesta ganadora o un gasto excesivo en un mercado ya saturado?

Por otro lado, el Banco del Bienestar, dirigido por Víctor Manuel Lamoyi, se encuentra bajo la lupa del FinCEN. A pesar de estar sujeto a la misma regulación que otros bancos comerciales, la alta discrecionalidad con la que opera genera inquietudes. Su participación en operaciones con Venezuela y su anterior rol en el manejo de remesas, ahora transferido a Telecomm, levantan sospechas sobre la aplicación de protocolos de prevención de lavado de dinero. ¿Se estarán tomando las medidas necesarias para proteger la reputación del gobierno?

Bancoppel, el brazo financiero del Grupo Coppel presidido por Agustín Coppel Luken, también se encuentra en la mira por su importante participación en el mercado de remesas. Aunque la institución afirma haber implementado sistemas de identificación del origen del dinero, queda la duda de si estas medidas serán suficientes para el FinCEN. La incertidumbre se extiende a todo el sector bancario, ante la posibilidad de ser incluidos en la lista de instituciones investigadas por lavado de dinero.

Finalmente, la quiebra del Banco Famsa, solicitada por el conciliador Roberto Barquera tras el incumplimiento del convenio, es un duro golpe para la familia Garza y un recordatorio de la fragilidad del sistema financiero. La imposibilidad de renegociar los términos con acreedores como Bancomext, Multiva, Monex y Banco del Bajío, marca el fin de una era y deja en evidencia los riesgos de una mala gestión.