La sombra de la violencia se cierne sobre Sinaloa, oscureciendo cada día un poco más el horizonte de sus habitantes. Las cifras, frías y contundentes, hablan por sí solas: 210 homicidios en junio, un macabro récord que desplaza incluso a Guanajuato, tristemente célebre por su historial de violencia. La imagen de los cuatro cuerpos decapitados y colgados de un puente en Culiacán, en el último día del mes, es una muestra brutal de la barbarie que se ha apoderado del estado. No son simples números, son vidas truncadas, familias destrozadas, un futuro arrebatado por la espiral de violencia que parece no tener fin.

A la tragedia de los homicidios se suma el drama de las desapariciones, una herida abierta que supura dolor e incertidumbre. 200 desaparecidos al mes, en promedio, desde septiembre de 2024. Un escalofriante testimonio de la impunidad que reina en Sinaloa, donde la vida parece no valer nada. La guerra a muerte entre la "chapiza" y la "mayiza", dos facciones del Cártel de Sinaloa, ha convertido al estado en un campo de batalla, atrapando a la población en medio del fuego cruzado.

Ante este panorama desolador, la actuación del gobierno estatal genera más preguntas que respuestas. La pasividad, la omisión, o incluso la posible complicidad, son las sospechas que se ciernen sobre la administración de Rubén Rocha, un gobernador que parece rebasado por la magnitud de la crisis. ¿Es acaso un estorbo? ¿O incluso un obstáculo? Las voces que exigen su remoción se multiplican, alimentadas por los rumores de nexos inconfesables con el crimen organizado. El tiempo apremia y la sombra de las cortes estadounidenses se alarga sobre Sinaloa, con los casos de los hijos de "El Chapo" y de Ismael Zambada a punto de entrar en escena. ¿Será demasiado tarde para evitar que la tragedia sinaloense se convierta en un capítulo más de la historia del narcotráfico?

Mientras tanto, en Baja California, un rayo de esperanza ilumina el camino. La colaboración entre el gobierno federal y el estatal ha dado frutos, con una reducción significativa en los homicidios. La gobernadora Marina del Pilar Ávila, en conjunto con Omar García Harfuch y la presidenta Sheinbaum, ha demostrado que la coordinación y la voluntad política pueden marcar la diferencia. Baja California, además, celebra el tercer lugar nacional en ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo, una señal alentadora en medio de la incertidumbre.

Dos realidades opuestas, dos caras de la misma moneda. Sinaloa, sumida en la violencia y la desesperanza. Baja California, avanzando hacia la paz y la prosperidad. Un contraste que nos obliga a reflexionar sobre el papel de las autoridades, la importancia de la colaboración y la urgencia de encontrar soluciones efectivas para combatir la violencia que azota a nuestro país. La pregunta sigue en el aire: ¿cuándo llegará la paz a Sinaloa? ¿Cuándo dejarán de ser las cifras de la violencia el principal indicador del estado de las cosas? La respuesta, aún esquiva, se encuentra en manos de quienes tienen el poder de cambiar el rumbo de la historia.