La sombra del narcotráfico se extiende y amenaza con manchar la cúpula del poder. Las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han detonado una crisis de confianza sin precedentes. La sospecha de lavado de dinero, especialmente de recursos provenientes del tráfico de fentanilo, un veneno que corroe las entrañas de nuestra sociedad, ha sembrado la incertidumbre y exige una respuesta contundente e inmediata.

No podemos permitir que la impunidad se instale en los más altos niveles de gobierno. Si bien la recién aprobada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la llamada Ley Antilavado, representa una herramienta importante, su verdadera eficacia se pondrá a prueba precisamente en este caso. Investigar a fondo a Vector y a Alfonso Romo no es una opción, es una obligación. La ciudadanía exige transparencia y justicia. No se trata de una cacería de brujas, sino de la búsqueda de la verdad y de la aplicación irrestricta de la ley.

La gravedad de las acusaciones no puede ser minimizada. Que el narcotráfico haya penetrado, presuntamente, hasta la oficina del expresidente es un escenario aterrador que nos obliga a una profunda reflexión. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué mecanismos de control fallaron? ¿Quiénes son los responsables? Estas preguntas deben ser respondidas con prontitud y contundencia. No podemos permitir que la sombra de la corrupción y la impunidad se cierna sobre nuestras instituciones.

La denuncia penal presentada por el PAN contra Vector y quien resulte responsable, incluyendo a Alfonso Romo, es un paso fundamental en la búsqueda de la verdad. Confiamos en que la Fiscalía General de la República actuará con imparcialidad y profesionalismo, llevando a cabo una investigación exhaustiva que llegue hasta las últimas consecuencias. No se trata de un asunto partidista, sino de un tema de interés nacional. El futuro de México está en juego.

La comparecencia inmediata de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es indispensable para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Asimismo, la creación de una Comisión Especial Investigadora en la Cámara de Diputados, enfocada en la presunta intromisión del narcotráfico en la oficina del expresidente, es una medida necesaria para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

El escándalo ha generado una profunda herida en el sector financiero y ha manchado el legado de un sexenio. Llegar hasta las últimas consecuencias no es solo una necesidad, es un imperativo moral. La sociedad mexicana merece saber la verdad y exige justicia. No podemos permitir que el narcotráfico se apodere de nuestras instituciones y corrompa el alma de nuestra nación. La lucha contra este flagelo exige unidad, determinación y un compromiso inquebrantable con la legalidad. El futuro de México depende de ello.