La inmovilidad que aqueja a la justicia en la CDMX desde hace más de un mes ha trascendido la mera anécdota para convertirse en una preocupante radiografía de la fragilidad institucional que padecemos. No se trata únicamente del cierre de juzgados, la suspensión de audiencias o la postergación de diligencias, sino de la silenciosa erosión de la confianza ciudadana en el sistema que, en teoría, debería garantizar sus derechos. Imaginemos la angustia de una mujer que busca amparo bajo una orden de protección, encontrándose con las puertas de la justicia cerradas. Pensemos en la incertidumbre de un niño cuya pensión alimentaria, vital para su subsistencia, se encuentra en un limbo judicial por la inoperancia del sistema. Visualicemos la desesperación del imputado que, privado de su derecho a una audiencia, ve prolongarse su situación de incertidumbre. ¿Y qué decir del acreedor que, con una sentencia a su favor, se topa con la imposibilidad de ejecutarla? Estas no son simples estadísticas, son historias de vida, dramas cotidianos que se agudizan ante la parálisis del sistema.

La gravedad de la situación se magnifica por la indiferencia con la que las autoridades han respondido a esta crisis. El silencio del poder político, la resignación del poder judicial y la falta de una voz que defienda los derechos de los afectados dibujan un panorama desolador. No podemos normalizar la idea de que el acceso a la justicia sea un privilegio intermitente, sujeto a las coyunturas y las disputas internas.

Llevo más de tres décadas litigando y he sido testigo de cómo la simulación se ha enquistado en nuestro sistema judicial. Desbloquear este paro laboral es apenas el primer paso, una medida paliativa que no aborda la raíz del problema. Necesitamos una reforma profunda, no sólo administrativa, sino también ética y cultural. Urge una transformación que priorice la transparencia, la responsabilidad y el genuino servicio público.

La solución no radica en ceder a las presiones laborales ni en implementar medidas de emergencia, sino en comprender que la justicia es un pilar fundamental del Estado, un servicio esencial que no puede suspenderse sin desgarrar el tejido social. La justicia no es un lujo, es un derecho, y su acceso debe ser continuo, efectivo e independiente de las disputas internas.

Cuando un ciudadano acude a los tribunales, lo hace con la esperanza, quizás ingenua, de que el Estado resolverá su conflicto con apego a la ley. Cerrar las puertas de la justicia es cerrar las puertas a la paz social, es alimentar la desesperanza y la desconfianza en las instituciones.

El silencio institucional debe romperse. Necesitamos acciones concretas, diálogo efectivo y soluciones que prioricen al justiciable, al ciudadano que busca justicia. No podemos permitir que la ciudad se sume en la desesperanza por la falta de justicia. Lo que está en juego no es solo el calendario judicial, sino la fe en el derecho, la creencia de que la ley puede ser el último recurso para la resolución pacífica de los conflictos. Este es mi punto de vista, ¿cuál es el suyo?