La sombra del huachicol, un término que evoca la ilegalidad y la corrupción, se ha cernido sobre México durante décadas. Su origen, arraigado en la palabra maya "huach" (forastero o ladrón), nos habla de una práctica ancestral de adulteración y robo. Sin embargo, en el siglo XX, este término adquirió una nueva y ominosa connotación: el robo de combustibles, una herida abierta en la economía nacional. Para comprender la magnitud de este problema y los esfuerzos realizados para combatirlo, es necesario realizar un recorrido histórico, desde sus inicios hasta los avances logrados bajo la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

En los años 70 y 80, en las zonas petroleras de Puebla y Veracruz, la "ordeña" de ductos era una práctica limitada, casi artesanal. Comunidades empobrecidas extraían pequeñas cantidades de combustible para uso personal o venta local. Era una actividad tolerada, vista como una forma de subsistencia ante la falta de oportunidades. Sin embargo, esta realidad cambió drásticamente en la década de los 90. Grupos criminales, equipados con tecnología y una estructura organizada, transformaron la "ordeña" en un negocio ilícito a gran escala. Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Veracruz se convirtieron en los epicentros de esta actividad delictiva.

El periodo entre 2010 y 2018, bajo las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, marcó el auge del huachicol. La guerra contra el narcotráfico, emprendida por Calderón, desvió recursos y atención, dejando un vacío que fue rápidamente ocupado por organizaciones criminales como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos grupos, con la complicidad de autoridades corruptas, convirtieron el robo de combustible en una fuente inagotable de ingresos. La figura de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, hoy condenado por narcotráfico, simboliza la profunda corrupción que permitió el florecimiento de este delito. Las cifras de Pemex en 2018 eran alarmantes: 14,894 tomas clandestinas, 58,200 barriles robados diariamente y pérdidas que ascendían a 66,300 millones de pesos anuales.

A este panorama desolador se sumaba el huachicol fiscal, una modalidad diferente pero igualmente dañina. Este delito, que implica la evasión de impuestos mediante el contrabando de combustibles, operaba en las aduanas de Tamaulipas, Baja California y Veracruz. Facturas falsas, empresas fantasma y una red de complicidades permitían la entrada ilegal de combustible, generando pérdidas millonarias para el erario público. Se estima que en 2025, las pérdidas por huachicol fiscal alcanzaban los 485 millones de pesos diarios.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018, se inició una nueva etapa en el combate al huachicol. El Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, que coordinó 15 dependencias federales, marcó un cambio radical en la estrategia. Se implementaron medidas innovadoras, como el recubrimiento de ductos con concreto y hormigón para prevenir las perforaciones. La Guardia Nacional, el Ejército y la Marina se desplegaron para resguardar las instalaciones de Pemex. La Agencia Nacional de Aduanas inició una profunda reestructuración, implementando tecnología de punta para combatir el huachicol fiscal. Se destituyeron funcionarios corruptos y se abrieron miles de carpetas de investigación. La reforma al artículo 19 constitucional, que estableció la prisión preventiva oficiosa para el robo de hidrocarburos, y el fortalecimiento de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, dieron un marco legal más sólido a la lucha contra este delito.

Los resultados de estas acciones fueron contundentes. El robo de combustible se redujo drásticamente, generando ahorros millonarios para el país. Se decomisaron millones de litros de combustible, se detuvieron a cientos de personas y se aseguraron armas y dinero en efectivo.

La administración de Claudia Sheinbaum Pardo, a partir de 2024, ha consolidado y profundizado esta lucha. Con un enfoque basado en la inteligencia y la tecnología, se han logrado desarticular importantes redes de huachicol. Operativos históricos, como el realizado en junio de 2025 en cuatro estados, han resultado en la detención de decenas de personas y el aseguramiento de millones de pesos en efectivo, vehículos, armas y combustible. La Dra. Sheinbaum ha impulsado reformas constitucionales para centralizar la vigilancia de combustibles importados y el SAT ha incrementado la recaudación por fiscalización. Las investigaciones se han enfocado en desmantelar las redes de complicidad, incluyendo a funcionarios corruptos y miembros del crimen organizado, con un firme compromiso contra la impunidad.

Es innegable que la lucha contra el huachicol ha cobrado una nueva dimensión en los últimos años. Los avances logrados bajo las administraciones de López Obrador y Sheinbaum Pardo son evidentes. Cualquier intento de minimizar estos logros o de equipararlos con la inacción y la complicidad del pasado, es una distorsión de la realidad. La lucha contra el huachicol es una batalla por la justicia, por la seguridad nacional y por el futuro de México.

Por Ricardo Peralta

Colaborador

@RICAR_PERALTA