La opacidad informativa en las altas esferas del poder vuelve a ser protagonista en un escenario donde la estabilidad financiera y las relaciones internacionales de México penden de un hilo. La revelación de que la presidenta no fue informada sobre investigaciones cruciales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero y financiamiento al narcotráfico, destapa una preocupante falta de comunicación y coordinación entre las instituciones financieras del país. Este silencio, que puso en jaque al sistema financiero, obligando al Banco de México a inyectar 200 mil millones de pesos para contener la crisis, deja al descubierto la fragilidad de nuestros mecanismos de control y la necesidad urgente de una profunda reestructuración.

La intervención de la CNBV en las instituciones señaladas, lejos de disipar las dudas, ha sembrado aún más incertidumbre. La designación de Itzel Moreno Macías García, previamente encargada de supervisar a Vector, para liderar la intervención, levanta sospechas sobre la imparcialidad del proceso y la posible existencia de conflictos de interés. Recordemos el caso de Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia y propietario de Vector, cuya posición generaba un evidente conflicto de interés, denunciado en su momento por Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda. Esta situación nos obliga a cuestionar la transparencia y la eficacia de los mecanismos de supervisión, y a exigir una investigación exhaustiva que aclare cualquier posible irregularidad.

La presencia de CIBanco en estados con alta actividad de cárteles de la droga como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, debería haber encendido las alarmas de las autoridades financieras. La falta de una supervisión más rigurosa en estas zonas evidencia una preocupante negligencia que facilita las operaciones ilícitas. Por otro lado, las acusaciones contra Intercam, cuyos ejecutivos se habrían reunido con miembros del Cártel Jalisco para coordinar esquemas de lavado de dinero y transferencias desde China, añaden otra capa de complejidad a este entramado de corrupción. Estos casos, que salen a la luz gracias a juicios en Estados Unidos, demuestran la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer nuestras propias capacidades de investigación.

La fuga de talento especializado en la Secretaría de Hacienda y la CNBV durante los últimos siete años ha debilitado la capacidad de supervisión y respuesta ante la creciente complejidad de los delitos financieros. No se trata solo de lavado de dinero, sino también de fraudes como los que hemos visto en casos como Banco Accendo, Famsa, Ficrea y Unifin, entre otros. Urge una reforma profunda que permita atraer y retener a profesionales capacitados, dotándolos de las herramientas y recursos necesarios para enfrentar los desafíos actuales. La estabilidad financiera del país y la confianza de los inversionistas dependen de ello.

En paralelo a esta crisis financiera, el caso de la periodista Lourdes Mendoza nos recuerda la importancia de la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción. Su batalla legal contra Emilio Lozoya, quien la difamó para evadir la justicia, es un ejemplo de la valentía y la perseverancia necesarias para defender la verdad. El uso de recursos públicos por parte de Lozoya para obstaculizar la justicia, mientras disfruta de lujos y opulencia, es una afrenta a la sociedad y una muestra más de la impunidad que impera en el país. El caso de Lourdes Mendoza es un llamado a la solidaridad y un recordatorio de que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Su valentía nos inspira a seguir exigiendo transparencia y rendición de cuentas a quienes ostentan el poder.