La familiaridad que nos brindan series como Friends o How I Met Your Mother, donde los personajes se desenvuelven en apartamentos neoyorquinos, nos confronta con una realidad ajena a muchos mexicanos: la renta controlada. Mientras que en la Gran Manzana, incluso en la exclusiva Manhattan, existen mecanismos que regulan el precio de los alquileres, en México, la narrativa del "mercado autorregulado" ha permitido un desenfrenado incremento en los costos de vivienda, tanto en renta como en compraventa, superando por mucho la inflación. Este fenómeno, lejos de ser una consecuencia inevitable del progreso, es el resultado de una política que ha beneficiado a unos pocos, a costa del bienestar de la mayoría.

Si bien es cierto que el poder adquisitivo del trabajador mexicano ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, gracias a importantes reformas laborales, una porción considerable de estas ganancias termina en los bolsillos de las inmobiliarias y arrendadores. Este desequilibrio, en muchas ocasiones, se ve agravado por la corrupción y los conflictos de interés, con figuras políticas involucradas en negocios inmobiliarios que contribuyen a la especulación y al aumento desmedido de precios.

Es crucial entender que la vivienda, si bien es una mercancía, no es un producto cualquiera. Se trata de una necesidad básica, un derecho fundamental. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado intervenir y regular el mercado para evitar que la dinámica de la oferta y la demanda genere situaciones de precariedad y exclusión, dejando a millones de personas sin acceso a una vivienda digna.

No estamos condenados a esta realidad. Existen alternativas viables que debemos explorar como sociedad. Por un lado, es fundamental impulsar la construcción de vivienda social, ampliando la oferta para que más mexicanos puedan acceder a una casa propia y, al mismo tiempo, regular los precios desorbitados. El programa "Vivienda para el Bienestar", impulsado por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, es un ejemplo de esta visión, con la meta de construir más de un millón de viviendas nuevas, rehabilitar miles de existentes y rescatar aquellas abandonadas.

Sin embargo, el gran pendiente, la conversación impostergable que debemos tener como nación, es la regulación del precio de la vivienda a nivel municipal, delegacional e incluso metropolitano. Debemos superar la visión neoliberal que tacha estas medidas de "radicales" o "descabelladas". Lo verdaderamente insensato es dejar en manos de las fuerzas ciegas del mercado un derecho tan fundamental como el acceso a una vivienda digna. Es hora de repensar nuestras prioridades y construir un futuro donde todos los mexicanos tengan la oportunidad de vivir con tranquilidad y seguridad en un hogar propio. No se trata de una utopía, sino de una necesidad urgente que exige un compromiso colectivo y la voluntad política para hacerla realidad.