En un contexto marcado por la creciente preocupación en torno a la violencia en México, la Senadora Lucía Trasviña, del partido Morena, ha puesto sobre la mesa un ambicioso plan para combatirla desde la raíz. Su propuesta se centra en la implementación de herramientas tecnológicas de vanguardia y la aplicación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en conjunción con una crucial coordinación entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Trasviña, en una entrevista exclusiva para "Maca Diario" con Maca Carriedo en El Heraldo Radio, argumentó que la falta de sinergia entre las distintas instancias gubernamentales ha sido un factor determinante en la agudización de la problemática. "La descoordinación ha impedido una respuesta eficaz", afirmó con vehemencia. La senadora subrayó la importancia del acceso a información veraz y confiable como medio probatorio esencial para combatir la delincuencia de manera efectiva, un aspecto clave que la nueva legislación busca fortalecer.

El cierre del periodo extraordinario del Senado, marcado por la aprobación de un paquete legislativo que incluye 11 reformas y 5 nuevas leyes, entre las que destacan la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de la reforma en materia de desaparición forzada y particulares, representa un avance significativo, según la legisladora. Sin embargo, la inclusión de datos biométricos en el CURP, dentro de la Ley de desaparición forzada, ha generado controversia. Este punto, que otorga a las autoridades acceso ilimitado a información privada sin necesidad de una orden judicial, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición. No obstante, Trasviña defiende la medida, argumentando que será una herramienta fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas.

La senadora hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer una visión crítica frente a estas nuevas leyes y reformas. Reconoce la sensibilidad que implica el manejo de datos personales, pero insta a la población a confiar en el gobierno de Claudia Sheinbaum, al que califica como "humanista y diferente". En sus palabras, “Hoy no estamos ante un gobierno que utilice la información en contra de defensores de derechos humanos o opositores políticos, sino ante un régimen con principios y valores.”

Esta declaración, sin duda, avivará el debate público. La promesa de un uso responsable de la información sensible en un contexto político a veces turbulento, es un tema que merece un análisis profundo. ¿Será suficiente la confianza depositada en el actual gobierno para disipar las preocupaciones legítimas en torno a la privacidad y la seguridad de los datos? El tiempo, y la aplicación concreta de estas nuevas leyes, serán los que den la respuesta. Mientras tanto, la discusión sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos individuales seguirá vigente en la sociedad mexicana.

La apuesta por la tecnología y la coordinación intergubernamental como herramientas para combatir la violencia es una propuesta ambiciosa que requerirá un seguimiento riguroso y transparente. La sociedad civil, los medios de comunicación y la oposición tendrán un papel fundamental en la vigilancia de su implementación y en la evaluación de sus resultados. El desafío está planteado: ¿logrará esta estrategia frenar la ola de violencia que azota al país o se quedará en una promesa incumplida?