La militarización de la Guardia Nacional, consumada con su reciente adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, ha generado un intenso debate público. Si bien el discurso oficial la presenta como una fuerza independiente, la realidad es que opera bajo el mismo mando y estructura que el Ejército, difuminando las líneas entre seguridad pública y defensa nacional. Esta ambigüedad genera confusión en la ciudadanía, que se pregunta cuál es la diferencia real entre un soldado y un miembro de la Guardia Nacional, cuando en la práctica, las diferencias parecen reducirse a detalles como el color del uniforme o un agregado en el grado. Incluso, se han documentado casos de elementos que desempeñan ambas funciones, portando doble credencial y oficios de comisión del Ejército para operar dentro de la Guardia Nacional.

Esta fusión de roles contrasta con la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que define a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad federal con "enfoque y formación en doctrina policial civil." La paradoja es evidente: una institución militar con enfoque civil. Este escenario recuerda a las policías de algunos países centroamericanos, que tras periodos de conflicto armado, adoptaron el adjetivo "civil" en sus nombres para desmarcarse del pasado militar. En México, la situación es inversa: se ha eliminado el término "civil" de la seguridad pública, profundizando la militarización.

Más allá del debate legal y semántico, las cifras oficiales sobre la Guardia Nacional presentan inconsistencias preocupantes. El número de efectivos varía según la fuente consultada, generando dudas sobre la transparencia y la gestión de recursos. Mientras el INEGI reporta un crecimiento sostenido del estado de fuerza, informes de "Causa en Común" y de Palacio Nacional presentan cifras dispares. La discrepancia se agudiza al analizar las cifras de detenidos, donde las contradicciones son flagrantes. El Comandante de la GN reportó en 2024 la detención de 37 mil presuntos delincuentes, mientras que un informe de la misma dependencia registraba solo 5,991. Esta diferencia abismal plantea serias dudas sobre la veracidad de la información oficial.

El análisis de las armas de fuego aseguradas tampoco ofrece un panorama alentador. Según el INEGI, la cantidad de armas incautadas por la Guardia Nacional se mantiene baja, a pesar del incremento en su estado de fuerza y presupuesto. El gobierno federal reconoce la entrada anual de 200 mil armas al país, una cifra 29 veces superior a las incautaciones de la GN. Esta desproporción cuestiona la eficacia de la estrategia de seguridad y la capacidad de la Guardia Nacional para combatir el tráfico de armas.

La pregunta clave es: si la Guardia Nacional cuenta con más elementos, mejor equipamiento y mayor presupuesto, ¿por qué los indicadores de desempeño no reflejan una mejora significativa? ¿Se requiere más tiempo para ver resultados o hay fallas estructurales en la estrategia?

En este contexto, emerge un nuevo actor en el escenario de la seguridad: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin contar con una fuerza policial propia, esta secretaría tiene atribuciones en prevención, inteligencia e investigación, y podría, potencialmente, lograr mejores resultados con menos recursos que la Guardia Nacional. La competencia entre ambas instancias podría ser beneficiosa, siempre y cuando el objetivo sea la mejora de la seguridad para todos los mexicanos. La evaluación constante, la transparencia en la información y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la eficacia de las políticas de seguridad y el uso responsable de los recursos públicos. El debate sobre la militarización de la seguridad pública debe continuar, priorizando el análisis objetivo de los resultados y el bienestar de la ciudadanía.