La opacidad en la resolución de asuntos fiscales dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha alcanzado un nuevo nivel de controversia. La reciente negativa a transparentar 15 asuntos pendientes, con un valor conjunto que asciende a miles de millones de pesos, deja un manto de incertidumbre sobre los criterios utilizados en estas decisiones cruciales para el país. La solicitud de la Ministra Lenia Batres de llevar estos casos al Pleno, buscando un debate más amplio y público, fue rechazada, alimentando las sospechas sobre la posible influencia de intereses particulares en estos procesos.

Si bien se argumenta que cada ministro tiene la facultad de solicitar que su proyecto se discuta en el Pleno, la realidad es que esta prerrogativa individual no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas que la ciudadanía exige. La magnitud de las cifras en juego, casi 48 mil millones de pesos, justifica plenamente la necesidad de un análisis exhaustivo y público, donde se expongan los argumentos y se disipen las dudas sobre la imparcialidad de las decisiones. La negativa a hacerlo no solo genera desconfianza, sino que también abre la puerta a especulaciones y cuestionamientos sobre la integridad del proceso.

La Ministra Batres, en un acto de valentía y compromiso con la transparencia, ha denunciado la "oscuridad y falta de certeza jurídica" que rodea a estos casos. Su voto, junto al de la Ministra Margarita Ríos Farjat, representa la voz de quienes exigen claridad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. La "ilegal práctica de votar en contra de un proyecto y no returnarlo", como lo señala la Ministra Batres, es una grave anomalía que debe ser investigada y corregida de inmediato. Esta práctica no solo contraviene el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aplicable, sino que socava la credibilidad de la institución y erosiona la confianza de los ciudadanos en la justicia.

La falta de una sentencia elaborada previamente a la aprobación de la resolución es un síntoma preocupante de la opacidad que impera en estos procesos. ¿Cómo es posible que se tomen decisiones que involucran sumas millonarias sin un documento que fundamente y justifique los criterios utilizados? Esta práctica deja un amplio margen para la arbitrariedad y la manipulación, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y el debido proceso.

Es imperativo que la SCJN reconsidere su postura y adopte medidas concretas para garantizar la transparencia en la resolución de estos asuntos fiscales. La ciudadanía tiene el derecho a conocer los argumentos y las razones que sustentan las decisiones que impactan directamente en las finanzas públicas. La opacidad solo alimenta la corrupción y la impunidad, mientras que la transparencia fortalece la democracia y el Estado de Derecho. El futuro del país depende de la capacidad de sus instituciones para actuar con integridad y responsabilidad. La SCJN, como máximo órgano de justicia, tiene la obligación de liderar este proceso y restablecer la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de sus decisiones.

El llamado de la Ministra Batres a respetar el artículo 17 de la Ley Orgánica es un llamado a la razón y a la justicia. Es un llamado a construir un sistema judicial transparente, eficiente y comprometido con el bienestar de todos los mexicanos. Ignorar este llamado sería un grave error que tendría consecuencias devastadoras para el futuro del país. La sociedad civil debe exigir que se rindan cuentas y que se aclare la situación de estos 15 asuntos fiscales. El silencio y la indiferencia son cómplices de la opacidad y la corrupción.