La propuesta de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales ha generado un intenso debate en México, con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) buscando soluciones que beneficien tanto a empleados como a empleadores. Su propuesta de deducir el 100% de las prestaciones laborales y revisar los esquemas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) busca precisamente equilibrar la balanza, evitando un impacto negativo en las finanzas de las empresas mientras se mejora la calidad de vida de los trabajadores.

Este planteamiento de la Coparmex se enmarca en la búsqueda de un consenso tripartito – gobierno, empresas y trabajadores – para implementar la reducción de jornada de manera gradual y responsable. La deducción total de las prestaciones laborales funcionaría como un incentivo para las empresas, aliviando la carga fiscal que supone la contratación de nuevo personal para compensar la reducción de horas. A su vez, la revisión del ISR busca evitar que el aumento de salario por hora, que podría producirse con la reducción de jornada, se traduzca en una mayor carga impositiva para los trabajadores, anulando así el beneficio real de la reforma.

El tema es particularmente complejo en sectores como el comercio minorista, donde la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) ha señalado que la reducción de jornada implicaría la contratación de un 14.7% más de empleados. Esto plantea un desafío considerable, especialmente ante la escasez de talento en áreas clave como logística, distribución y transporte. La pregunta crucial es cómo garantizar la operatividad continua de estos negocios, que a menudo ofrecen servicios 24/7, sin afectar la calidad del servicio ni la rentabilidad de las empresas.

En el sector agropecuario, la preocupación se centra en el impacto de la reforma en los trabajadores eventuales, un segmento importante de la fuerza laboral en el campo. La propuesta de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de revisar la tabla del ISR para horas extras busca asegurar que el beneficio de estas horas adicionales realmente llegue a los trabajadores y no se diluya en impuestos. Además, se ha planteado la necesidad de extender y mejorar los beneficios fiscales para patrones del campo, como una medida para amortiguar los costos iniciales de la reforma y evitar la informalidad.

La gradualidad de la implementación, con una reducción inicial de una hora en 2026, es un elemento clave para permitir que las empresas se adapten a los cambios. Esto incluye la posibilidad de invertir en tecnologías y procesos que mejoren la productividad, compensando así la reducción de horas trabajadas. El objetivo final es lograr una transición suave hacia la jornada de 40 horas, sin afectar la competitividad de las empresas mexicanas ni la generación de empleo formal.

El diálogo y la colaboración entre los diferentes actores involucrados son fundamentales para encontrar soluciones viables y justas. El éxito de la reforma dependerá de la capacidad de equilibrar los intereses de trabajadores y empresas, promoviendo un modelo laboral más justo y sostenible que impulse el desarrollo económico del país. La búsqueda de un consenso que beneficie a todos es el camino para lograr una reforma laboral verdaderamente transformadora.