La aprobación del dictamen relativo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con 438 votos a favor y 38 en contra, marca un hito en la lucha contra este flagelo que azota a México. La creación de una Plataforma Única de Identidad, que utilizará datos como la CURP, biometría y registros de telefonía celular, promete agilizar la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Sin embargo, esta iniciativa también genera interrogantes cruciales sobre la protección de datos personales y la posible vulneración de la privacidad de los ciudadanos.

La intención de conectar esta plataforma con bases de datos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses es, sin duda, loable. Se busca crear una red de información que permita una búsqueda más eficiente y exhaustiva, aprovechando la tecnología para dar respuesta a una tragedia humanitaria. La posibilidad de que las autoridades tengan acceso a esta información, incluyendo datos biométricos, se plantea como una herramienta fundamental para las investigaciones. No obstante, es imprescindible garantizar que este acceso se realice bajo estrictos protocolos y con la debida autorización judicial, evitando cualquier tipo de abuso o mal uso de la información.

El debate en la Cámara de Diputados reflejó las diferentes posturas frente a esta ley. Mientras algunos celebran la iniciativa como un paso adelante en la búsqueda de justicia y la atención a las víctimas, otros expresan preocupación por el alcance de la misma y la posibilidad de que se convierta en un instrumento de control social. La diputada Paulina Rubi del PAN, si bien votó a favor, señaló la necesidad de separar la noble causa de la búsqueda de personas desaparecidas de un posible "control absoluto de la población". Sus palabras hacen eco de la inquietud de muchos ciudadanos que temen que sus datos personales sean utilizados para fines distintos a los que la ley establece.

Por su parte, la diputada Irma Juan Carlos de Morena defendió la propuesta como resultado del diálogo entre autoridades y personas buscadoras, alineándola con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, la crítica de Patricia Flores de MC, quien apuntó al aumento de las desapariciones forzadas durante la actual administración, pone de manifiesto la urgencia de no solo crear bases de datos y plataformas, sino también implementar políticas públicas efectivas de prevención. La diputada cuestionó la eficacia real de la reforma y la posibilidad de que la centralización de datos sensibles, como la CURP, represente un riesgo de filtración o venta de información.

En definitiva, la aprobación de esta ley representa un avance importante en la lucha contra la desaparición forzada en México. Sin embargo, la implementación de la Plataforma Única de Identidad debe ir acompañada de garantías sólidas que protejan los datos personales de los ciudadanos y eviten cualquier tipo de abuso. La transparencia en el manejo de la información y la rendición de cuentas por parte de las autoridades serán fundamentales para generar confianza y asegurar que esta herramienta se utilice exclusivamente para su propósito: encontrar a las personas desaparecidas y llevar justicia a sus familias. El diálogo continuo entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las familias de las víctimas será crucial para perfeccionar esta ley y asegurar su eficacia en la búsqueda de la verdad y la justicia. El desafío ahora radica en encontrar el equilibrio entre la necesidad de contar con herramientas eficaces para la búsqueda de personas desaparecidas y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.