La conmoción sacude a Moreno, provincia de Buenos Aires, tras el trágico desenlace de un intento de asalto que culminó con la muerte de un joven de tan solo 15 años. Santiago Tomás Beltrán, junto a dos cómplices, interceptó a la oficial de policía Romina Soledad Gerez en el cruce de las calles Lincoln y Copérnico, a plena luz del día. La secuencia, reconstruida a partir de testimonios y las primeras pericias, dibuja una escena de tensión extrema: la oficial, amenazada por los tres individuos a bordo de una motocicleta, uno de ellos portando un arma de fuego, se defendió disparando tres veces. Uno de los disparos alcanzó a Beltrán, quien cayó mortalmente herido mientras sus acompañantes emprendían una huida desesperada, abandonándolo a su suerte.

Este acto de cobardía, el dejar a su compañero herido en plena calle, ha desatado la indignación de la familia del joven fallecido. “Lo dejaron morir como un perro”, expresaba con dolor uno de sus familiares, un sentimiento compartido por muchos en las redes sociales, donde se mezclan los mensajes de despedida para Beltrán con la reprobación hacia la actitud de quienes huyeron sin prestarle auxilio. La pregunta que resuena es: ¿qué clase de lealtad existe en un grupo que abandona a uno de los suyos en un momento tan crítico? ¿Acaso el instinto de supervivencia justifica semejante acto de desamparo? El peso de la conciencia, sin duda, caerá sobre estos dos jóvenes que ahora se encuentran prófugos de la justicia.

La actuación de la oficial Gerez ha sido considerada legítima defensa por parte de la justicia. Tras el incidente, la misma oficial solicitó auxilio a la policía y a los servicios médicos, pero ya era demasiado tarde para Beltrán. A pesar de la trágica consecuencia, la justicia ha determinado que actuó en defensa propia ante una amenaza inminente, una decisión que sin duda genera debate en una sociedad cada vez más preocupada por la inseguridad. ¿Cuál es el límite entre la defensa propia y el uso excesivo de la fuerza? Es una pregunta compleja que divide opiniones y que, en este caso, deja un sabor amargo. La incautación del arma de la oficial para realizar las pericias correspondientes forma parte del protocolo habitual en estos casos, un procedimiento necesario para confirmar la versión de los hechos y asegurar la transparencia de la investigación.

La investigación continúa su curso, con la Unidad Fiscal de Instrucción N°8 de Moreno trabajando arduamente para identificar a los dos cómplices de Beltrán. Las cámaras de seguridad de la zona y las declaraciones de posibles testigos serán claves para dar con su paradero. Se les imputará el cargo de "robo agravado en poblado y en banda en tentativa de homicidio", un delito que conlleva severas penas. Además, se ha confirmado que el joven fallecido contaba con antecedentes por robos, un dato que añade otra capa de complejidad a este caso y que plantea interrogantes sobre las oportunidades perdidas para la reinserción social de un menor que, lamentablemente, encontró la muerte en el camino de la delincuencia.

Este trágico suceso deja al descubierto, una vez más, la cruda realidad de la inseguridad en las calles y la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre la protección de los ciudadanos y el respeto a los derechos individuales. El debate está abierto, y las preguntas sin respuesta aún resuenan en la comunidad de Moreno, mientras se espera que la justicia esclarezca completamente los hechos y se haga justicia para todas las partes involucradas. ¿Cómo podemos construir una sociedad más segura sin que se pierdan más vidas jóvenes en las calles? Es el interrogante que nos deja este caso, una pregunta que exige respuestas urgentes y un compromiso colectivo para encontrar soluciones.