La sombra de la sospecha se cierne sobre el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El alcalde Mauricio Tabe ha lanzado una acusación directa, un grito de alerta que resuena en las calles de Miguel Hidalgo: la justicia, al parecer, se inclina ante el peso de los intereses particulares, permitiendo que construcciones irregulares florezcan a pesar de violar la ley y atentar contra el bienestar de los vecinos. No se trata de meras especulaciones, sino de una denuncia fundamentada en casos concretos, en expedientes que parecen modificarse con la tinta invisible del influyentismo. Obras clausuradas, con permisos vencidos, que resurgen de las cenizas legales gracias a la intervención, cuanto menos cuestionable, de algunos magistrados.

¿Cómo es posible que proyectos que vulneran el uso de suelo, que destruyen el patrimonio ambiental y que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, reciban un amparo judicial? La pregunta flota en el aire, cargada de indignación y de incertidumbre. El alcalde Tabe, con la firmeza que lo caracteriza, ha exigido al Tribunal una revisión exhaustiva de estos casos, un análisis a fondo que deje de lado las presiones externas y se centre en la aplicación imparcial de la ley. No se trata de obstaculizar la inversión ni el desarrollo, sino de garantizar que este se lleve a cabo dentro de los marcos legales, respetando el entorno y los derechos de los habitantes.

La preocupación vecinal es palpable. Las familias de Miguel Hidalgo observan con angustia cómo edificios se levantan desafiando las normas, cómo el concreto avanza inexorablemente sobre los espacios verdes, cómo la promesa de un futuro mejor se ve opacada por la sombra de la corrupción. El llamado del alcalde Tabe es un eco de esa inquietud, una voz que se alza en defensa del interés común. "Queremos más inversión, pero sin corrupción. Que no se pasen de la raya", sentenció, palabras que resumen el sentimiento de una comunidad que exige transparencia y justicia.

Arquímedes 32, Enrique Wallon 433, Paseo de las Lomas Altas 193… Nombres y direcciones que se convierten en símbolos de la impunidad. Obras que, a pesar de tener manifestaciones vencidas, certificados anulados y carecer de los registros necesarios, continúan su avance amparadas por resoluciones judiciales que desafían la lógica y el sentido común. ¿Qué hay detrás de estas decisiones? ¿Qué hilos invisibles se mueven en los pasillos del Tribunal? La ciudadanía exige respuestas, claridad y, sobre todo, acciones contundentes que frenen esta espiral de irregularidades.

En medio de este panorama, la noticia de la reducción del 17% en delitos de alto impacto durante el mes de junio ofrece un respiro, un pequeño rayo de esperanza en un cielo nublado por la controversia. La labor conjunta entre la alcaldía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina demuestra que, cuando las instituciones funcionan de manera coordinada y eficiente, es posible lograr avances significativos en materia de seguridad. Sin embargo, la lucha contra la corrupción y la defensa del estado de derecho son batallas que deben librarse en todos los frentes, con la misma determinación y compromiso. El futuro de Miguel Hidalgo, y de la ciudad en su conjunto, depende de ello.