La reciente declaración de la ministra Loretta Ortiz sobre la irrelevancia de los "acordeones" en la elección judicial ha generado un intenso debate en el ámbito jurídico y político. Ortiz, en un encuentro con la prensa, no solo minimizó las preocupaciones expresadas por algunos consejeros del INE, sino que fue más allá al acusarlos de "mala fe". Esta acusación, lejos de cerrar la discusión, la ha avivado, poniendo en el centro de la mesa la compleja relación entre el poder judicial y el órgano electoral.

Según la ministra, los consejeros del INE que cuestionaron la legitimidad del proceso electoral estaban conscientes de que la nulificación no estaba dentro de sus competencias. "Sabían perfectamente", reiteró Ortiz, lo que implica, a su juicio, una intencionalidad política detrás de sus declaraciones. Esta interpretación de los hechos ha sido recibida con escepticismo por algunos sectores, quienes argumentan que la función del INE es precisamente velar por la transparencia y legalidad de los procesos electorales, y que expresar dudas o preocupaciones forma parte de ese mandato.

Más allá de la polémica generada por las acusaciones de mala fe, la ministra Ortiz también se refirió a los planes de la nueva Corte. Detalló que se llevarán a cabo tres ceremonias para marcar la llegada de los nuevos ministros: una en el Senado, otra en la propia Corte y una tercera con comunidades indígenas. Este último acto, en particular, ha sido interpretado como un gesto simbólico hacia la inclusión y la representatividad de los pueblos originarios en las altas esferas del poder judicial.

En cuanto a la gestión de los asuntos pendientes, Ortiz adelantó que la nueva Corte buscará ajustar sus facultades. Una de las posibilidades que se baraja es la de concentrarse en las funciones de un tribunal constitucional, delegando otras competencias a los colegiados. Esta propuesta, de concretarse, representaría un cambio significativo en la estructura y funcionamiento del poder judicial, y seguramente generará un amplio debate entre los especialistas en derecho constitucional.

La ministra también mencionó la posibilidad de implementar un esquema similar al de las salas para atender los asuntos pendientes, aunque reconoció que aún no se ha discutido a fondo esta opción. Lo que sí está claro, según Ortiz, es que la nueva Corte tendrá que trabajar de manera eficiente, incluso en Pleno, para poder desahogar la carga de trabajo heredada.

La transición hacia la nueva conformación de la Corte se presenta, por tanto, como un período de importantes desafíos y transformaciones. La controversia generada por las declaraciones de la ministra Ortiz es solo una muestra de las tensiones y debates que seguramente acompañarán este proceso. La sociedad, expectante, observa con atención los próximos pasos de la nueva Corte y las implicaciones que tendrán para el futuro del sistema judicial mexicano. La transparencia y la comunicación clara serán claves para generar confianza y legitimidad en esta nueva etapa. La implementación de las nuevas estrategias, la gestión de los asuntos pendientes y, sobre todo, la capacidad de la Corte para mantenerse independiente de las presiones políticas, serán factores determinantes para evaluar el éxito de esta transición. El tiempo, como siempre, será el juez final.