La indignación recorre Yucatán tras la difusión de un perturbador video que muestra la presunta agresión sexual a un menor de 12 años en una parcela de Muna. Las imágenes, compartidas en redes sociales, han generado una ola de repudio y exigen justicia para la víctima. El video, de extrema crudeza, muestra la valiente intervención de un testigo que, al percatarse del abuso, confrontó al agresor, identificado como Justino “N” de 74 años, y rescató al menor. Este acto de valentía ciudadana ha sido fundamental para visibilizar el caso y poner en marcha la maquinaria judicial.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) actuaron con celeridad, deteniendo a Justino “N” tras la viralización del video. Sin embargo, la situación se complicó debido a la reticencia inicial de la madre del menor a presentar una denuncia formal, presuntamente por temor a represalias. Este hecho pone de manifiesto la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de brindarles un entorno seguro y apoyo integral para que puedan acceder a la justicia sin miedo. La presión social ejercida a través de las redes sociales y la intervención de las autoridades locales, incluyendo al alcalde de Muna, Carlos Ayuso, fueron cruciales para que finalmente la madre accediera a interponer la denuncia.

Este caso ha destapado una problemática latente: la dificultad para denunciar los abusos sexuales a menores, especialmente en comunidades pequeñas donde las relaciones de poder y el miedo a las represalias pueden silenciar a las víctimas y sus familias. La intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodenay), brindando orientación y apoyo psicológico a la madre, demuestra la importancia de contar con instituciones que acompañen a las víctimas en este difícil proceso.

Más allá de la detención del presunto agresor, este caso exige una reflexión profunda sobre la protección de la infancia en Yucatán. Es necesario fortalecer las redes de apoyo a las víctimas, promover la educación sexual integral desde temprana edad y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de denunciar cualquier indicio de abuso. El silencio solo protege a los agresores. La valentía del testigo que grabó el video nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la construcción de una sociedad más segura para nuestros niños. La justicia para este menor de 12 años es una responsabilidad compartida.

Las autoridades deben garantizar que se realice una investigación exhaustiva y transparente, que se respeten los derechos de la víctima y que se aplique todo el peso de la ley al responsable. Asimismo, es fundamental que se implementen medidas de prevención para evitar que casos como este se repitan. La comunidad de Muna y todo Yucatán deben unirse para proteger a sus niños y niñas, creando un entorno donde puedan crecer libres de violencia y abuso. Este caso no debe quedar impune. Es un llamado a la acción para construir un futuro donde la infancia sea protegida y respetada.