La sombra de la sospecha se cierne sobre Alfonso Romo, ex jefe de la oficina de la Presidencia, tras la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) ante la Fiscalía General de la República (FGR). El caso, que ha sacudido el panorama político mexicano, gira en torno a acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, en relación a las graves imputaciones de narcolavado realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Vector Casa de Bolsa, propiedad de Romo.

La denuncia, presentada personalmente por el presidente del PAN, Jorge Romero, junto a un equipo de abogados, exige una investigación exhaustiva sobre la presunta participación de Romo en estas actividades ilícitas. Romero, en declaraciones a la prensa frente a las instalaciones de la FGR, subrayó la gravedad de las acusaciones, haciendo hincapié en que se basan en información proveniente de una institución gubernamental de Estados Unidos, concretamente el Departamento del Tesoro. “No es cosa menor”, sentenció, recalcando la necesidad de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de Romo en este complejo entramado financiero.

La posible implicación de un exfuncionario de tan alto nivel ha generado una intensa polémica y ha puesto en el ojo del huracán al gobierno anterior. El PAN, contundente en sus señalamientos, ha instado a la FGR a actuar con diligencia y transparencia. La petición de una comisión de investigación especial en el Senado y la Cámara de Diputados, impulsada por el propio partido, busca profundizar en el caso y llegar hasta las últimas consecuencias.

Más allá de las acusaciones del Departamento del Tesoro, el PAN ha recordado la existencia de pruebas contundentes aportadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que desde hace un año habría detectado transacciones sospechosas por más de 50 millones en bancos y en la propia Vector Casa de Bolsa. Este dato, de confirmarse, agravaría aún más la situación de Romo y pondría en entredicho la actuación de las autoridades mexicanas.

La denuncia del PAN ha trascendido el ámbito judicial y se ha convertido en un nuevo foco de confrontación política. Jorge Romero ha interpelado directamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, instándola a presentar también las denuncias correspondientes. El líder panista ha criticado la postura de Sheinbaum, quien, según Romero, exige pruebas cuando se trata de imputar a un "aliado político". Esta declaración añade un nuevo ingrediente a la ya de por sí tensa relación entre el PAN y el gobierno actual.

La incertidumbre se mantiene mientras la FGR inicia las investigaciones. El caso Romo promete ser uno de los más mediáticos y controvertidos de los próximos meses. La opinión pública espera con expectación el desarrollo de los acontecimientos y las conclusiones de la justicia. ¿Se confirmarán las sospechas que pesan sobre el ex jefe de la oficina de la Presidencia? ¿Qué papel jugarán las autoridades mexicanas ante las acusaciones provenientes de Estados Unidos? El tiempo, y la acción de la justicia, darán respuesta a estas interrogantes. Mientras tanto, el debate político y social en torno a este caso sigue en plena ebullición. La sombra de la corrupción y el narcotráfico se proyecta sobre la figura de Alfonso Romo, y el futuro de su legado político pende de un hilo.

El abogado del PAN, Santiago Torreblanca, ha añadido una nueva capa de complejidad al caso al criticar la inacción del gobierno federal. Según Torreblanca, el gobierno tenía conocimiento de los movimientos financieros sospechosos detectados por la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero no tomó las medidas necesarias para investigarlos. Esta acusación, de ser cierta, podría tener consecuencias políticas significativas y abrir un nuevo frente de batalla entre el PAN y el gobierno en funciones. La pregunta que queda en el aire es: ¿existió una deliberada omisión por parte de las autoridades? ¿Se protegió a Alfonso Romo por su cercanía con el poder? La investigación de la FGR deberá arrojar luz sobre estas incógnitas y determinar si hubo responsabilidades políticas en la presunta inacción del gobierno. El caso Romo, lejos de resolverse, parece complicarse cada día más.