La reciente publicación del decreto que modifica la edad de jubilación para ciertos trabajadores del ISSSTE ha reavivado el debate sobre las pensiones en México. Este ajuste, enfocado en quienes se encuentran bajo el amparo del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, es decir, aquellos que no transitaron al sistema de cuentas individuales en 2007, permite vislumbrar un futuro más prometedor para quienes dedicaron su vida al servicio público. A partir del próximo año, estos trabajadores podrán acceder a su jubilación tras 30 años de servicio, independientemente de su edad. Esta medida no solo reconoce la trayectoria y el compromiso de estos servidores públicos, sino que también sienta un precedente importante en la valoración del trabajo y la dedicación al país.

Es fundamental comprender la importancia de este décimo transitorio. Representa un puente entre dos sistemas de pensiones, un resguardo para aquellos que, por diversas razones, permanecieron en el esquema tradicional. Este grupo de trabajadores, a menudo olvidado en las discusiones sobre reformas y modernizaciones, encuentra ahora una luz de esperanza en este decreto. La posibilidad de jubilarse tras tres décadas de servicio, sin la atadura de una edad específica, les brinda la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso y de los frutos de su labor.

Sin embargo, el tema de las pensiones va más allá de un simple ajuste en la edad de retiro. Se trata de un derecho fundamental, un reconocimiento a la aportación de cada individuo al desarrollo del país. No se trata de un favor, ni de una dádiva, sino de la justa retribución por años de esfuerzo y dedicación. Es lamentable escuchar expresiones que minimizan la importancia de las pensiones, que las presentan como un privilegio en lugar de un derecho ganado. El magisterio, por ejemplo, a menudo se ve sometido a este tipo de descalificaciones, ignorando la invaluable contribución que realiza a la formación de las futuras generaciones.

Las manifestaciones y protestas de los maestros, aunque a veces generen inconvenientes, son un reflejo de la lucha por sus derechos. El diálogo y la atención a sus demandas son cruciales para evitar estas situaciones. El derecho a la manifestación es un pilar fundamental de nuestra democracia, una vía para expresar inconformidades y buscar soluciones.

La experiencia personal como comisionada del INAI me permitió ser testigo de las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos para acceder a sus pensiones. Miles de recursos presentados ante el Instituto revelaban la frecuente negación de información, los obstáculos burocráticos y la falta de claridad en los procesos. Recuerdo especialmente el caso de una persona que, al acercarse a la edad de jubilación, descubrió que 12 años de su vida laboral no estaban registrados. Su peregrinar por las instancias del IMSS, sin obtener respuestas, es un ejemplo de la desprotección que enfrentan muchos trabajadores. Gracias a la intervención del INAI, esta persona logró el reconocimiento de sus semanas cotizadas y pudo acceder a su pensión.

Este caso, y muchos otros, demuestran la importancia de proteger los derechos de los trabajadores y de garantizar un acceso justo y transparente al sistema de pensiones. Cada año de trabajo, cada aportación, es un paso hacia un retiro digno, un futuro en el que las personas puedan disfrutar de la tranquilidad y el bienestar que merecen tras una vida de esfuerzo. El debate sobre las pensiones debe centrarse en la justicia social, en el reconocimiento del trabajo y en la construcción de un país donde la dignidad de las personas sea el eje central de las políticas públicas.