La aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional ha desatado una intensa polémica en el Senado, dejando al descubierto la profunda división entre el oficialismo y la oposición. Mientras Morena y sus aliados celebran la consolidación de lo que consideran un paso fundamental para fortalecer la seguridad pública, la oposición denuncia una preocupante militarización del país, con el riesgo latente de vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos.

El argumento central del bloque oficialista, encabezado por senadoras como Juanita Guerra y Simey Olvera, radica en la necesidad de una institución sólida y eficaz como la Guardia Nacional para combatir la inseguridad que azota al país. Resaltan el supuesto alto nivel de aceptación ciudadana que ostenta la institución, un 75% según sus cifras, y la expansión operativa que ha experimentado en los últimos seis años, pasando de 74 mil elementos a 137 mil, distribuidos en un mayor número de coordinaciones regionales. Insisten en que la reforma no militariza la seguridad pública, sino que la fortalece con profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Además, señalan el fracaso de las estrategias de seguridad implementadas en sexenios anteriores como justificación para la creación y consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando militar.

Sin embargo, la oposición, conformada por MC, PRI y PAN, mantiene una postura firme en contra de la reforma. Argumentan que esta nueva ley otorga facultades excesivas a la Sedena, abriendo la puerta a posibles abusos y violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Mencionan específicamente la posibilidad de intervenir comunicaciones privadas, realizar geolocalización en tiempo real y espiar las redes sociales, herramientas que, en sus manos, podrían convertirse en instrumentos de represión. El senador priista Nestor Camarillo Medina, con crudeza, compara la situación de México con la de países en guerra, subrayando la gravedad de la violencia que vive el país. Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado, califica la militarización como una salida falsa, una medida que no contribuye a la paz y que, por el contrario, agrava la problemática. Su propuesta es clara: el regreso de los militares a los cuarteles.

La presentación de videos por parte del senador panista Enrique Vargas del Villar añade un elemento más a la controversia. En los videos se muestran declaraciones previas de figuras clave de Morena, como Mario Delgado, Citlalli Hernández y Manuel Bartlett, quienes en su momento se pronunciaban en contra de la militarización de la seguridad pública, argumentando los riesgos que esta representaba para el país. Incluso, se muestra un video del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, donde prometía profesionalizar la policía y regresar al Ejército a los cuarteles en un plazo de seis meses. Estas imágenes confrontan el discurso actual del gobierno con sus posturas anteriores, generando interrogantes sobre la coherencia y la verdadera intención detrás de la reforma.

La nueva legislación, en la práctica, establece la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública de carácter permanente, integrada por personal militar con formación policial, sujeto a la jurisdicción penal militar. La Sedena adquiere un poder considerable sobre la Guardia Nacional, con la facultad de nombrar a los titulares de las Coordinaciones Territoriales, Estatales y de Unidades Circunstanciales, autorizar convenios de coordinación con entidades federativas y municipios, organizar la distribución territorial de la Guardia Nacional e incluso adecuar su estructura orgánica. Este nivel de control militar sobre una institución encargada de la seguridad pública es precisamente lo que preocupa a la oposición y alimenta el debate sobre la militarización del país. El futuro de la seguridad en México y el respeto a los derechos humanos se encuentran en el centro de esta discusión, cuyo desenlace tendrá profundas implicaciones para la sociedad.