La reciente aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional ha generado una intensa controversia en el Senado, dividiendo a las fuerzas políticas del país. Con 75 votos a favor y 34 en contra, Morena y sus aliados lograron la aprobación de esta reforma que, según sus defensores, fortalece la seguridad pública, mientras que la oposición la califica como una consolidación de la militarización. El debate se centra en el control militar de la Guardia Nacional y las facultades que le otorga la nueva legislación, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre la estrategia de seguridad en México.

La oposición, compuesta por Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), ha expresado su profunda preocupación por las implicaciones de esta ley. Argumentan que otorga facultades excesivas a la Guardia Nacional, como la intervención de comunicaciones privadas, la geolocalización en tiempo real y la vigilancia de redes sociales, lo que podría vulnerar los derechos y libertades de los ciudadanos. Señalan que estas medidas representan un riesgo para la democracia y podrían ser utilizadas para la represión. Además, cuestionan la eficacia de la estrategia de militarización, argumentando que no ha logrado reducir la violencia en el país y que, por el contrario, ha exacerbado la crisis de seguridad. El senador priista Néstor Camarillo Medina ha hecho una comparación impactante, afirmando que en 2025 existen países en guerra con menos muertes que México, una declaración que pone en relieve la gravedad de la situación.

Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado, ha calificado la militarización como una "salida falsa" que no contribuye a la paz, reiterando la postura de su partido en contra de la presencia militar en las calles y abogando por el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles. El senador panista Enrique Vargas del Villar presentó videos de figuras prominentes de Morena, como Mario Delgado, Citlalli Hernández y Manuel Bartlett, en los que, antes de llegar al poder, se manifestaban en contra de la militarización, evidenciando una aparente contradicción en su postura actual. También mostró un video del expresidente Andrés Manuel López Obrador prometiendo la profesionalización de la policía y el regreso del Ejército a los cuarteles en seis meses, una promesa que, a la luz de la nueva ley, parece incumplida.

Por su parte, Morena y sus aliados defienden la reforma argumentando que no se trata de una militarización de la seguridad pública, sino de un fortalecimiento de la Guardia Nacional. La senadora Juanita Guerra ha destacado el objetivo de justicia y paz de la nueva ley y ha resaltado el alto nivel de aceptación de la Guardia Nacional por parte de la ciudadanía, que según ella alcanza el 75%. La senadora Simey Olvera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, ha justificado la creación y permanencia de la Guardia Nacional por el fracaso de las estrategias de seguridad de sexenios anteriores. La senadora petista Lizeth Sánchez García ha destacado el crecimiento de la Guardia Nacional, que ha pasado de 74 mil elementos en 15 regiones a 137 mil en 266 coordinaciones regionales, y ha asegurado que la reforma fortalece la seguridad pública con profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

La nueva legislación define la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, estableciéndola como una fuerza de seguridad pública permanente, integrada por personal militar con formación policial y personal civil. El comandante de la Guardia Nacional será un General de División en activo, designado por el Ejecutivo a propuesta del Secretario de la Defensa Nacional. La Sedena tendrá amplias facultades sobre la Guardia Nacional, incluyendo el nombramiento de titulares de coordinaciones, la autorización de convenios con entidades federativas y municipios, la organización territorial de la fuerza y la adecuación de su estructura orgánica.

Esta nueva ley marca un hito en la política de seguridad de México y su implementación será crucial para determinar su impacto real en la lucha contra la delincuencia y la protección de los derechos humanos. El debate continúa y la sociedad civil permanece atenta a las consecuencias de esta reforma.