La aparente victoria de la sociedad civil tras la modificación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión sabe a poco. Si bien celebramos la eliminación de artículos que abrían la puerta a la censura previa y la flexibilización de ciertas cargas para operadores sociales, la sensación de alivio es efímera. Nos encontramos ante un maquillaje cosmético que intenta ocultar las profundas grietas estructurales que persisten y que, a la larga, amenazan la libertad de expresión y el acceso a la información.

Es cierto, se han realizado ajustes. La eliminación de las facultades para bloquear plataformas digitales y la modificación al artículo 210 sobre pauta publicitaria extranjera son un respiro. Se agradece la corrección en aspectos de accesibilidad y lenguaje, así como la flexibilización de pagos para operadores sociales, que permitirá a comunidades marginadas acceder a servicios de comunicación. Pero, ¿son estas concesiones suficientes? Nos tememos que no. Son meros paliativos que no abordan el corazón del problema.

La desaparición del IFT, un órgano constitucional autónomo y colegiado, es una herida profunda en el tejido democrático. Se desmantela un sistema de contrapesos esencial para garantizar una regulación técnica, independiente y ajena a los vaivenes políticos. La nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), dependiente del Ejecutivo, despierta fundadas sospechas. Si bien se incorporó la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) como instancia colegiada, la designación directa de sus integrantes por el Ejecutivo anula cualquier pretensión de independencia y la expone a la captura política. ¿Cómo confiar en un árbitro que responde directamente a uno de los jugadores?

La sombra de la vigilancia se cierne sobre la reforma. El artículo 183, que obliga a concesionarios a facilitar la geolocalización en tiempo real y la entrega de datos a las autoridades, es un retroceso alarmante. En un país con un historial documentado de espionaje, la habilitación de estos mecanismos sin salvaguardas sólidas es una invitación al abuso. La exigencia de asociar líneas móviles a la CURP del usuario completa el círculo, creando las condiciones perfectas para un sistema de vigilancia masiva. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra privacidad en el altar de una supuesta seguridad?

En el ámbito económico, el costo del espectro radioeléctrico sigue siendo una losa para el desarrollo del sector. La anunciada reducción del 17.5% en términos reales es insuficiente, ya que parte de una base inflada. Sin una reforma profunda del modelo de cobro, alineada a objetivos de conectividad, las inversiones seguirán estancadas. El acceso a internet no es un lujo, sino un derecho fundamental en el siglo XXI.

La reforma también adolece de omisiones significativas. La falta de una redefinición de los principios asociados a la neutralidad de la red impide avanzar hacia un modelo moderno y equilibrado. La ausencia de ajustes en las reglas de preponderancia perpetúa un escenario de competencia desigual, donde los grandes actores mantienen su dominio.

En definitiva, la reforma nos deja un sabor agridulce. Si bien se han logrado algunas mejoras puntuales, el diseño estructural sigue siendo preocupante. Un regulador debilitado, un espectro radioeléctrico caro, normas ambiguas sobre datos y vigilancia, y la ausencia de una visión de futuro para el sector nos obligan a mantenernos alerta. Esta no es la reforma que México necesita para consolidarse como una potencia digital. Es un parche que intenta tapar las grietas de un sistema que requiere una transformación profunda. La lucha por una verdadera democratización de las telecomunicaciones continúa.