La sombra de la sobrerregulación se cierne sobre las empresas mexicanas. La nueva Minuta de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) ha encendido las alarmas en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que ve en ella un potencial obstáculo para el desarrollo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), el motor económico del país.

No se trata de oponerse a la lucha contra el lavado de dinero, un flagelo que corroe las bases de nuestra sociedad. La preocupación radica en la forma, en la desproporción de las medidas propuestas. Imaginen la carga que representa para una pequeña tienda de abarrotes, una fonda familiar o un taller mecánico, tener que implementar complejos sistemas de identificación de clientes, recabar documentación oficial y, además, convertirse en investigadores privados para desentrañar la identidad de los beneficiarios últimos de cada transacción. ¿Es esto realmente viable? ¿No estaremos ahogando a quienes con tanto esfuerzo contribuyen al crecimiento de nuestra economía?

La LFPIORPI, en su afán de control, parece olvidar la realidad de millones de mexicanos que aún operan con efectivo. En un país donde la bancarización no es universal, exigir un control exhaustivo de cada billete que entra y sale de un negocio es, simplemente, desentenderse del contexto. Se criminaliza, de facto, a aquellos que, por necesidad o por costumbre, aún no se integran plenamente al sistema financiero.

La inversión en infraestructura tecnológica, la capacitación constante del personal y la contratación de servicios externos para cumplir con las nuevas exigencias, representan un costo significativo, especialmente para las MiPymes, que muchas veces operan con márgenes reducidos. ¿Cómo podrán competir si se les obliga a destinar recursos a cumplir con una normativa excesiva, en lugar de invertir en su crecimiento y desarrollo? ¿No estaremos creando una barrera de entrada para nuevos emprendedores, asfixiando la innovación y la creación de empleos?

Las multas, que podrían alcanzar cifras millonarias, son otro factor de preocupación. Para muchas empresas, una sanción de esa magnitud significaría la ruina. La eliminación del requisito de demostrándolo, en ciertos casos, abre la puerta a la arbitrariedad y a la injusticia, dejando a las empresas a merced de interpretaciones subjetivas.

La reputación de las empresas es, sin duda, un activo invaluable. Pero la lucha contra el lavado de dinero no debe ser una excusa para implementar medidas desproporcionadas que ahoguen a las empresas, especialmente a las más pequeñas. Se requiere un enfoque más equilibrado, que combine la eficacia en la prevención del delito con el apoyo y la comprensión de las necesidades del sector productivo. La gradualidad en la implementación y el acompañamiento técnico son esenciales para que la normativa sea efectiva y no se convierta en un freno para el desarrollo económico del país. El diálogo y la colaboración entre el gobierno y el sector privado son cruciales para encontrar soluciones que beneficien a todos. Es hora de escuchar las voces de quienes generan empleos y riqueza en nuestro país.