La reciente noticia sobre la presunta implicación de instituciones financieras mexicanas en actividades de lavado de dinero, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, vuelve a poner el foco en un problema persistente y complejo. Si bien la colaboración entre ambos gobiernos es destacable, la reacción mexicana, una vez más, parece ser reactiva, siguiendo un patrón que lamentablemente se repite en temas de seguridad. La instrucción de la presidenta Sheinbaum de actuar con transparencia y apego al Estado de derecho es un paso importante, pero debe traducirse en acciones concretas y sostenidas. México tiene la oportunidad de demostrar un compromiso real con la lucha contra el lavado de activos, no solo con palabras, sino con hechos.

Para ello, resulta fundamental mirar hacia las buenas prácticas que ya se implementan en la región. Argentina y Chile, por ejemplo, ofrecen modelos de transparencia y rendición de cuentas que México podría emular. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de Argentina publica informes detallados sobre las condenas por lavado de activos, incluyendo datos cruciales como la cantidad de sentencias, la ubicación geográfica de los casos y, un aspecto fundamental, los delitos precedentes que originaron los activos ilícitos. Este nivel de detalle permite comprender la magnitud del problema y las principales fuentes de financiamiento ilícito, en su caso, el narcotráfico.

Chile, por su parte, a través de la Unidad de Análisis Financiero, también publica información valiosa sobre sentencias por lavado de activos, desglosando los delitos precedentes y destacando las conexiones internacionales y las señales de alerta detectadas. La accesibilidad a esta información, tanto por su disponibilidad pública como por la claridad del lenguaje utilizado, permite que no solo los expertos, sino también la ciudadanía en general, comprenda los esfuerzos del Estado en la lucha contra este delito. No se trata de un mero ejercicio académico, sino de una pieza clave para la rendición de cuentas y la construcción de confianza.

En México, donde se estima que el narcotráfico genera miles de millones de dólares anuales, la necesidad de informes similares a los de Argentina y Chile es aún más apremiante. Si bien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publica tipologías e informes, se requiere un paso adicional: ofrecer un panorama completo y accesible sobre la capacidad del Estado para identificar, investigar y judicializar casos de lavado de activos. La UIF, con la información que maneja y el reconocimiento internacional que ha recibido, tiene la capacidad y la responsabilidad de generar estos informes. Esta rendición de cuentas no solo es de interés nacional, sino también un insumo fundamental para futuras conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, que inevitablemente surgirán.

Implementar estas medidas no solo fortalecería la lucha contra el lavado de activos en México, sino que también enviaría un mensaje claro a la comunidad internacional: México está comprometido con la transparencia y el Estado de derecho. Es momento de dejar atrás la reactividad y adoptar un enfoque proactivo, aprendiendo de las buenas prácticas regionales y construyendo un sistema más robusto y transparente en la lucha contra este delito que tanto daño causa a la economía y a la sociedad mexicana. El camino está trazado, solo falta la voluntad política para recorrerlo. La transparencia no es un lujo, es una necesidad imperante.