La sombra de la planta fotovoltaica fantasma continúa extendiéndose sobre Baja California. Más de tres años han transcurrido desde que un Tribunal ordenara la devolución de 123 millones de pesos retenidos por Banca Afirme, un monto que, con los intereses acumulados, asciende ya a la considerable suma de 165 millones. Dinero público, destinado a un proyecto que nunca vio la luz, atrapado en las redes de una batalla legal que parece no tener fin.

El origen de este conflicto se remonta a la administración del exgobernador Jaime Bonilla y la firma de contratos con Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica. Un proyecto que nació muerto, al negársele los permisos necesarios por parte del gobierno federal. Sin embargo, el primer pago, esos 123 millones de pesos, ya había sido realizado a un fideicomiso operado por Banca Afirme, iniciando así un largo y tortuoso camino legal para su recuperación.

La negativa de Banca Afirme a devolver el dinero ha desatado una serie de acciones legales por parte del gobierno de Baja California. La entidad financiera, que recibió de Next Energy los derechos de cobro por más de tres mil millones de pesos, no solo se aferra a los 123 millones iniciales, sino que ha emprendido una ofensiva judicial, interponiendo amparos y demandas mercantiles en Baja California, Monterrey y Ciudad de México, exigiendo el pago total a la administración actual.

La situación se complica aún más con la actitud evasiva de los directivos de Banca Afirme y sus delegados fiduciarios, David N y Nabor N, quienes han ignorado los requerimientos judiciales y se encuentran prófugos en el extranjero. El Poder Judicial de Baja California ha emitido citaciones en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta. Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha obtenido órdenes de aprehensión en su contra.

¿Dónde está el dinero de los bajacalifornianos? Esa es la pregunta que resuena en el estado. Mientras la justicia intenta abrirse paso entre la maraña de recursos legales interpuestos por Banca Afirme, la ciudadanía observa con preocupación cómo una suma millonaria, destinada al beneficio público, permanece en el limbo. La lucha por recuperar estos fondos se ha convertido en un símbolo de la defensa del erario público y la rendición de cuentas. La expectativa crece a medida que el caso avanza, y la pregunta sigue sin respuesta: ¿cuándo volverá el dinero a las arcas de Baja California?

Más allá de las cifras y los tecnicismos legales, este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. La construcción de la planta fotovoltaica, un proyecto que prometía beneficios para la comunidad, se transformó en una fuente de controversia y un ejemplo de las consecuencias de una mala planificación y una deficiente supervisión.

El gobierno actual tiene la difícil tarea de recuperar el dinero y, al mismo tiempo, enviar un mensaje claro: la impunidad no tiene cabida en Baja California. La ciudadanía espera que la justicia prevalezca y que los responsables rindan cuentas por sus actos. El futuro de la planta fotovoltaica fantasma y el destino de los 165 millones de pesos siguen siendo una incógnita, pero la lucha por la transparencia y la justicia continúa.