La noticia que ha circulado, sobre la lista de treinta niñas entregadas en matrimonio a hombres mucho mayores, es un puñetazo en el estómago para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. No podemos, no debemos, normalizar esta atrocidad. Hablar de "tradición" o "costumbre" para justificar el robo de la infancia de estas niñas es una perversión del lenguaje. Esconderse tras esos términos es una cobardía que encubre la crueldad de una práctica que destruye vidas.

Imaginen por un momento la vida de esas niñas. Niñas de diez, once, doce años… una edad en la que deberían estar jugando, aprendiendo, soñando. En lugar de eso, son entregadas a hombres que podrían ser sus abuelos, condenadas a una vida de servidumbre, privadas de su libertad, de su educación, de su futuro. ¿Qué clase de sociedad permite que esto suceda? ¿Qué clase de sociedad mira hacia otro lado mientras se vulneran los derechos más básicos de sus niñas?

La pobreza, la desigualdad, la falta de educación… sí, son factores que contribuyen a perpetuar esta práctica aberrante. Pero no son excusas. No podemos resignarnos a que la pobreza condene a una niña a ser mercancía. Al contrario, la pobreza debe ser un llamado a la acción, un imperativo para que el Estado redoble sus esfuerzos para proteger a las más vulnerables. Necesitamos políticas públicas que no solo prohíban el matrimonio infantil en el papel, sino que garanticen su erradicación en la realidad. Necesitamos mecanismos de vigilancia, denuncia y reparación que funcionen, que sean accesibles, que protejan de verdad a estas niñas.

Y no se trata solo de leyes y políticas públicas. Se trata de un cambio cultural profundo. Debemos desmantelar las estructuras patriarcales que perpetúan la idea de que las niñas son propiedad de sus familias, objetos de intercambio. Debemos educar en la igualdad, en el respeto, en la autonomía de las mujeres. Debemos crear una sociedad en la que la noticia de treinta niñas entregadas en matrimonio no sea solo alarmante, sino impensable.

La indignación que sentimos ante esta noticia debe traducirse en acción. No basta con condenar en redes sociales. Debemos exigir a las autoridades que investiguen, que sancionen a los responsables, que protejan a las víctimas. Debemos apoyar a las organizaciones que trabajan en la erradicación del matrimonio infantil. Debemos hablar con nuestras familias, con nuestras comunidades, para romper el silencio que protege a los abusadores.

El futuro de estas niñas está en juego. Su libertad, su dignidad, su vida. No podemos fallarles. No podemos permitir que sigan siendo víctimas de una tradición cruel e injusta. Es nuestro deber, como sociedad, protegerlas, defender sus derechos, garantizarles un futuro digno. El tiempo de actuar es ahora.