En México, la sombra de la desaparición forzada ha acechado por décadas, dejando un rastro de dolor y silencio. Familias destrozadas, búsquedas incansables y la angustia de la incertidumbre han marcado la vida de miles. Ante la magnitud de esta tragedia, la respuesta del Estado mexicano durante años fue insuficiente, marcada por la negligencia y la falta de reconocimiento del problema. Sin embargo, en los últimos años, se ha comenzado a trazar un nuevo camino, un camino hacia la justicia y la verdad, aunque todavía largo y complejo.

La aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en 2017 marcó un hito fundamental. Esta ley, impulsada por la sociedad civil y colectivos de familiares de víctimas, sentó las bases para un cambio de paradigma en la forma de abordar esta problemática. Por primera vez, se establecía un marco jurídico integral que reconocía la desaparición forzada como un delito grave y establecía mecanismos para la búsqueda, investigación y sanción de los responsables.

El camino no ha sido fácil. La implementación de la ley ha enfrentado obstáculos y resistencias, tanto institucionales como sociales. La magnitud del problema, la complejidad de las investigaciones y la falta de recursos han sido algunos de los desafíos. Sin embargo, se han logrado avances significativos.

La creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha permitido visibilizar la dimensión real de la tragedia y sistematizar la información sobre las víctimas. El Banco Nacional de Datos Forenses, por su parte, se ha convertido en una herramienta crucial para la identificación de restos humanos y la resolución de casos. Las Comisiones de Búsqueda, tanto a nivel nacional como estatal, trabajan incansablemente para coordinar las acciones de búsqueda y brindar apoyo a los familiares.

El aumento del presupuesto destinado a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la capacitación de servidores públicos y el fortalecimiento de las instituciones forenses son muestra del compromiso del gobierno actual con este tema. Se ha priorizado un enfoque humanitario, centrado en las necesidades de las víctimas y sus familias. Se les reconoce como actores clave en el proceso de búsqueda y se les brinda acompañamiento y apoyo psicosocial.

La colaboración con organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ha sido fundamental para fortalecer las capacidades del Estado mexicano en la materia. Se han implementado protocolos internacionales de búsqueda y se han adoptado mejores prácticas en la investigación de casos.

A pesar de los avances, los retos persisten. La impunidad sigue siendo un problema grave. La falta de coordinación entre las distintas instancias involucradas en la búsqueda y la corrupción son obstáculos que deben ser superados. La participación activa de la sociedad civil y la exigencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades son cruciales para consolidar los logros alcanzados y avanzar hacia la verdad y la justicia.

El camino es largo, pero la esperanza se mantiene viva. La lucha de las familias por encontrar a sus seres queridos es un motor que impulsa el cambio. La sociedad mexicana no puede permitir que la desaparición forzada siga siendo una herida abierta. Es necesario seguir trabajando, unidos, para construir un país donde la justicia y la verdad prevalezcan. Es un compromiso con las víctimas, con sus familias y con el futuro de México.