La contundente acción del Gabinete de Seguridad contra el huachicol ha generado una oleada de reacciones. El operativo, detallado por el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch junto a figuras clave como el Fiscal Alejandro Gertz, los Secretarios de Defensa y Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Pedro Morales respectivamente, y el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, representa un golpe significativo a esta red criminal. Sin embargo, la eficacia del operativo se ve empañada por la controversia generada por las declaraciones del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, cuyas palabras han sido interpretadas como discriminatorias hacia las personas con discapacidad, generando un llamado a la reflexión y a la formación en derechos humanos. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la sensibilidad y el respeto en el discurso político, especialmente en un contexto de alta polarización.

Mientras tanto, el expresidente Enrique Peña Nieto reaparece en la escena pública para defender el cancelado aeropuerto de Texcoco, un proyecto emblemático de su administración. Peña Nieto insiste en que no se ha comprobado el mal manejo de recursos que se alegó para justificar la cancelación y señala al AIFA como el resultado de esta decisión. Sus declaraciones avivan el debate sobre la viabilidad y transparencia de ambos proyectos, un tema que sigue generando controversia y exige un análisis profundo y objetivo.

En Acapulco, la alcaldesa Abelina López continúa en el ojo del huracán. A pesar de un breve respiro, la Auditoría del Estado mantiene la presión sobre la funcionaria para que aclare el destino de 900 millones de pesos. Este caso se suma a la polémica generada por sus recientes declaraciones sobre la reforestación, donde afirmó, erróneamente, que los árboles producen dióxido de carbono, un comentario que ha generado críticas y burlas en redes sociales. La situación de la alcaldesa López ilustra la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, así como la necesidad de una comunicación clara y precisa.

El panorama político en Coahuila sigue agitado. La detención del diputado morenista Antonio Attolini por conducir en estado de ebriedad y sus posteriores acusaciones de "secuestro" contra autoridades locales, añaden un nuevo capítulo a la tensa relación entre el partido gobernante y la oposición en el estado. La aparente complacencia del gobernador Manolo Jiménez ante estos conflictos genera interrogantes sobre la gobernabilidad y el clima político en la entidad.

A nivel internacional, la Concanaco Servytur, presidida por Octavio de la Torre, expresa su preocupación por la entrada en vigor del Impuesto a los Servicios Digitales en Canadá y sus posibles repercusiones en el T-MEC. La organización empresarial argumenta que este impuesto contraviene los principios de libre comercio establecidos en el acuerdo trilateral y podría generar un precedente negativo para la región. Este tema pone de relieve la complejidad de las relaciones comerciales internacionales y la necesidad de un diálogo constante para evitar conflictos y proteger los intereses de las empresas.

Finalmente, la elección judicial, lejos de ser un proceso tranquilo, se ha visto envuelta en una ola de impugnaciones. El Tribunal Electoral, liderado por Mónica Soto, enfrenta el desafío de desahogar más de 500 recursos legales presentados por candidatos, partidos y ciudadanos. Esta situación pone a prueba la solidez del sistema electoral y la capacidad de las instituciones para garantizar la legalidad y la transparencia del proceso. La resolución de estas impugnaciones será crucial para la legitimidad de los comicios y la confianza ciudadana en el sistema judicial.