El silencio cómplice de la madrugada se ha convertido en el cómplice perfecto de la transformación silenciosa de nuestra democracia. Mientras el país dormía, las manos hábiles de la política tejían una red invisible, una red de control que se extiende sobre nuestras instituciones, sobre nuestras libertades, sobre nuestro futuro. La modificación a los dictámenes de seguridad, realizada bajo el manto de la noche, no es un simple tecnicismo legislativo; es la confesión de un poder que teme a la luz del debate, a la fuerza de los argumentos, al escrutinio público. Es el susurro de un autoritarismo que avanza disfrazado de legalidad.

No podemos hablar de un fortalecimiento del Estado cuando lo que vemos es su sometimiento a una sola voluntad. La Guardia Nacional, concebida como una fuerza civil, se viste ahora con el uniforme de la militarización, no por necesidad, sino por la ambición de un control absoluto. Este cambio de vestuario no es un símbolo de progreso, sino la evidencia de un retroceso democrático. La promesa de una fuerza temporal y complementaria se desvanece ante la realidad de un ejército permanente al servicio del poder político.

La justificación de la militarización a través de la lucha contra la inseguridad es un argumento falaz, una cortina de humo que oculta la verdadera intención: el control. Un gobierno que confía en la democracia no necesita el miedo para gobernar. La militarización no es la solución, es la confesión de un fracaso: el fracaso de la política, el fracaso del diálogo, el fracaso de la construcción de un verdadero Estado de derecho.

La creación de un gabinete estratégico de seguridad que incluye a secretarías como Hacienda, Relaciones Exteriores, Anticorrupción y la Agencia Digital no es una muestra de innovación, sino una muestra de la confusión de roles y la concentración del poder. ¿Acaso la diplomacia se ejerce con armas? ¿Acaso la economía se controla con espionaje? Este gabinete no es estratégico, es un instrumento de control político disfrazado de herramienta de seguridad. Es una pieza más en el engranaje de un sistema que busca vigilar, controlar y silenciar cualquier voz disidente.

La figura de García Harfuch se convierte en el perfecto ejemplo de la estrategia de este gobierno: la privatización de las responsabilidades y la nacionalización de los méritos. Si la estrategia funciona, el mérito será del aparato militar; si fracasa, la culpa recaerá sobre el secretario civil. Un juego perverso que pone en evidencia la falta de transparencia y la manipulación de la información.

El PRI, en su voto en contra, ha demostrado una valentía que contrasta con la sumisión de otros. En momentos de crisis, la coherencia política se convierte en un acto de resistencia. La defensa de la democracia no es una opción, es una obligación.

No podemos permitir que la democracia se convierta en una herramienta de su propia destrucción. No podemos callar ante la manipulación, la opacidad y la concentración del poder. El futuro de México depende de nuestra capacidad de resistir, de alzar la voz, de defender las libertades que nos quedan. La lucha por la democracia no es una batalla del pasado, es la lucha del presente y del futuro. Es la lucha por un México libre, justo y democrático.