Una sombra de incertidumbre se cierne sobre la protección de datos personales en México. La reciente aprobación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y la Ley de Investigación e Inteligencia, aunque buscan agilizar procesos y combatir la delincuencia mediante el uso de datos biométricos, ha encendido las alarmas entre expertos en privacidad. Julieta del Río Venegas, excomisionada del extinto INAI, ha expresado su profunda preocupación ante la falta de claridad en torno al resguardo de esta información tan sensible.

Según del Río, estas nuevas leyes representan un retroceso significativo en la protección de la privacidad de los ciudadanos. Anteriormente, el acceso a los datos personales requería el consentimiento expreso del individuo. Ahora, con la nueva legislación, este requisito ha desaparecido, abriendo la puerta a un acceso indiscriminado a información biométrica sin necesidad de una orden judicial. Imaginen, sus huellas dactilares, su rostro, su iris, información única e irrepetible, accesible sin que usted lo sepa, sin que usted lo autorice. ¿A qué manos puede llegar esa información? ¿Qué uso se le puede dar? Estas son las preguntas que, según Del Río, el gobierno no ha respondido con suficiente claridad.

La preocupación se agudiza aún más al considerar la desaparición del INAI, el organismo encargado de velar por la transparencia y la protección de datos personales. Con el INAI disuelto, ¿quién supervisará el manejo de esta información? ¿Quién garantizará que no se abuse de ella? ¿A quién recurriremos los ciudadanos en caso de una violación a nuestra privacidad?

Del Río también ha criticado la falta de mecanismos de notificación en caso de vulneración de datos. Antes, las instituciones estaban obligadas a informar al INAI y a la persona afectada dentro de las 72 horas siguientes a una brecha de seguridad. Ahora, este requisito también ha sido eliminado, dejando a los ciudadanos en la oscuridad, incapaces de saber si su información ha sido comprometida. Esto, sin duda, incrementa la vulnerabilidad de la población ante posibles usos ilícitos de sus datos.

La excomisionada hace un llamado a la reflexión y a la cautela. Si bien reconoce la importancia de la innovación y la necesidad de combatir la delincuencia, insiste en la necesidad de establecer mecanismos claros y transparentes para el resguardo de la información biométrica. "No estamos en contra del progreso, pero el progreso no puede venir a costa de nuestros derechos fundamentales", ha declarado. La ciudadanía merece saber quién tiene acceso a sus datos, bajo qué condiciones y qué medidas se están tomando para protegerlos.

La incertidumbre generada por estas nuevas leyes plantea un desafío importante para México. Es fundamental que el gobierno aclare las dudas y garantice la protección de la privacidad de los ciudadanos. El acceso a la información biométrica es un tema delicado que debe ser tratado con la máxima responsabilidad y transparencia. La falta de claridad y la ausencia de mecanismos de control solo alimentan la desconfianza y ponen en riesgo los derechos fundamentales de los mexicanos. El futuro de la privacidad en México depende de las acciones que se tomen hoy. Es imperativo que el gobierno escuche las voces de los expertos y garantice que la lucha contra la delincuencia no se convierta en una excusa para vulnerar los derechos de los ciudadanos.