En un escenario marcado por la urgencia y la desolación de miles de familias mexicanas, el Senado ha dado un paso crucial, aunque no exento de controversia, en la lucha contra la desaparición forzada. La aprobación en lo general de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con 89 votos a favor y 13 en contra, representa un intento de abordar esta lacerante problemática que ha dejado una profunda huella en la sociedad. La creación de una Plataforma Única de Identidad, basada en datos como la CURP, información biométrica y registros de telefonía celular, promete ser una herramienta poderosa para agilizar la búsqueda y localización de personas desaparecidas. La interconexión de esta plataforma con bases de datos cruciales, como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses, abre la posibilidad de realizar búsquedas de manera continua y exhaustiva.

Sin embargo, la centralización de información sensible ha generado inquietudes legítimas en torno a la protección de datos personales. Si bien los legisladores aseguran que la consulta de información biométrica y otros datos identificativos por parte de las autoridades se realizará respetando el derecho a la privacidad, la falta de detalles específicos sobre los mecanismos de control y supervisión genera incertidumbre. La obligación impuesta a instituciones públicas y privadas de permitir la consulta de imágenes y mediciones satelitales, así como de información proveniente de aeronaves no tripuladas, plantea interrogantes sobre los límites de la vigilancia y la posibilidad de abusos.

Durante el debate en el Senado, la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (Morena) defendió la iniciativa argumentando que brindará certeza a las familias que buscan a sus seres queridos. Sus palabras reflejan la desesperación de quienes viven en la incertidumbre y la necesidad de acciones concretas para encontrar a los desaparecidos. Sin embargo, las voces de alerta no se hicieron esperar. La Senadora María Alejandra Barrales Magdaleno (MC) cuestionó la eficacia de la ley al señalar la falta de recursos para las comisiones de búsqueda. Su comparación del presupuesto destinado a la agencia de atención animal con el asignado a la búsqueda de personas desaparecidas pone de manifiesto la falta de prioridades en la asignación de recursos públicos.

Por su parte, el panista Ricardo Anaya expresó su preocupación por la concentración de poder en una sola persona, lo que podría derivar en un uso discrecional de las facultades otorgadas por la ley. La acusación de "extremistas" y de "magnificar" el problema por parte de quienes apoyan la iniciativa no hace más que polarizar el debate y dificultar la búsqueda de soluciones consensuadas. La aprobación de esta ley representa un avance significativo, pero también un reto en términos de implementación y supervisión. La sociedad civil y los organismos de derechos humanos deben estar vigilantes para garantizar que la búsqueda de personas desaparecidas se realice con respeto a los derechos fundamentales y que la información recabada se utilice de manera responsable y transparente.