La reciente controversia en torno a la calificación de aspirantes a magistraturas de circuito por parte del INE ha desatado un debate crucial sobre la transparencia y eficiencia en los procesos electorales. La Presidenta Sheinbaum ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar el momento en que se llevó a cabo la revisión de los perfiles, argumentando que una verificación previa a la contienda habría evitado la anulación de 24 candidaturas y la consecuente generación de vacantes. Este punto es clave, ya que no solo se trata de la idoneidad de los candidatos, sino también del respeto al voto ciudadano y la legitimidad del proceso. ¿Acaso no es un contrasentido que la ciudadanía emita su voto por candidatos que posteriormente son descalificados por no cumplir con los requisitos? Esto genera, sin duda, una sensación de desconfianza y desilusión en el sistema.

La magnitud del trabajo de revisión realizado por el INE, con más de 125 abogados analizando 55 mil materias de historiales académicos, pone de manifiesto la complejidad del proceso. Sin embargo, la pregunta sigue latente: ¿por qué esperar hasta después de la elección para llevar a cabo una tarea tan exhaustiva? La anticipación, en este caso, habría sido fundamental para evitar el desgaste institucional y la incertidumbre generada.

Más allá de la polémica, es alentador el llamado de la Presidenta Sheinbaum a dar espacio al nuevo Poder Judicial y confiar en su capacidad para impulsar un cambio positivo en la impartición de justicia. La expectativa ciudadana es alta, se espera una justicia más eficiente, transparente y, sobre todo, al alcance de todos. Este nuevo Poder Judicial tiene la oportunidad histórica de demostrar que se puede hacer las cosas de manera diferente, construyendo un sistema que garantice la equidad y el respeto a los derechos de todos los mexicanos.

Sin embargo, la lucha contra la corrupción no se limita a la renovación del Poder Judicial. La Presidenta ha sido enfática al señalar que el problema radica en el abuso de ciertos procedimientos legales, como el amparo, que en lugar de proteger al ciudadano, se han convertido en herramientas para dilatar procesos y evadir la justicia. Es imperativo, entonces, revisar y ajustar estos mecanismos para que cumplan con su propósito original, sin dejar de garantizar la defensa de los derechos fundamentales. El reto es encontrar un equilibrio entre la protección del individuo y la eficiencia del sistema judicial.

Este debate nos invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana en la construcción de un México más justo y democrático. Es necesario exigir transparencia y eficiencia en todos los procesos, desde la selección de candidatos hasta la impartición de justicia. Solo así podremos fortalecer nuestras instituciones y construir un futuro en el que la ley se aplique por igual para todos. La confianza en el sistema judicial es fundamental para la estabilidad y el progreso del país, y es responsabilidad de todos trabajar para lograrlo.