Tras casi un mes de paralización en el Poder Judicial de la Ciudad de México, una luz de esperanza se asoma en el horizonte. El Magistrado Presidente, Rafael Guerra Álvarez, ha extendido una invitación al personal para retomar sus labores el próximo lunes 30 de junio, asegurando que no habrá represalias para quienes participaron en las manifestaciones. Este anuncio llega como un bálsamo en medio de la tensión generada por las demandas de mejoras salariales y laborales.

Guerra Álvarez ha enfatizado el compromiso de su administración con las necesidades de los trabajadores. De hecho, ha anunciado una política salarial para 2025, respaldada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, que promete un aumento del 5% al salario y un 2% en prestaciones, superando incluso la inflación proyectada. Esta noticia, sin duda, busca apaciguar los ánimos y demostrar la voluntad de encontrar una solución que beneficie a todos.

Si bien el diálogo ha sido la constante durante este periodo, aún no se ha logrado la firma de una minuta de acuerdo. El Magistrado Presidente ha reiterado el respeto a las decisiones de los grupos inconformes, asegurando que no se ha obligado a nadie a firmar un documento con el que no esté de acuerdo. Esta postura busca construir puentes y generar confianza en un ambiente que, inevitablemente, se ha visto afectado por la incertidumbre.

Aunque entre 500 y 600 trabajadores continúan en paro, representando una porción significativa del personal, el Poder Judicial cuenta con una plantilla activa que supera los 1300 empleados, muchos de los cuales, según Guerra Álvarez, esperan ansiosamente el retorno a la normalidad. La imagen que se proyecta es la de una institución dispuesta a escuchar y atender las demandas, pero también a garantizar el acceso a la justicia para los ciudadanos.

La situación se torna aún más compleja con la intervención del Secretario de Gobierno, César Cravioto, quien, si bien acompaña las negociaciones, ha señalado la falta de voluntad de algunos grupos para alcanzar acuerdos. Su declaración, que acusa a un pequeño porcentaje del personal en paro de bloquear el acceso al 95% restante, añade un nuevo elemento al debate. ¿Se trata de una estrategia de presión o de una lectura real de la situación? La pregunta queda abierta.

Cravioto, al igual que el Magistrado Presidente, insta al personal a retomar sus actividades el lunes, con la esperanza de que la razón prevalezca. Su advertencia sobre el impacto del paro en los procesos judiciales de millones de capitalinos subraya la importancia de encontrar una pronta solución. El respaldo del Gobierno capitalino a las decisiones del Poder Judicial añade un peso considerable a la balanza, dejando entrever que se podrían tomar medidas más drásticas si el diálogo no fructifica. ¿Cuáles serán esas medidas? El tiempo lo dirá.

En este contexto de incertidumbre, la pregunta que todos se hacen es: ¿Logrará el llamado al diálogo y la promesa de mejoras salariales convencer a los trabajadores de deponer el paro? ¿O la falta de una minuta firmada y las acusaciones de falta de voluntad continuarán alimentando el conflicto? El lunes 30 de junio se presenta como una fecha crucial, un punto de inflexión que podría marcar el inicio de una nueva etapa o la profundización de la crisis.