El ambiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se asemeja más a un polvorín a punto de estallar que a la serena reflexión jurídica que se esperaría del máximo tribunal del país. La reciente llegada de los nuevos ministros, lejos de traer la anhelada renovación, ha desatado una serie de choques y tensiones que amenazan con fracturar la institución desde adentro. La propuesta del ministro Arístides Guerrero de convertir a la Corte en un circo itinerante, llevando sus sesiones a plazas públicas y universidades, ha sido recibida con escepticismo y rechazo por ministras con mayor experiencia, quienes cuestionan la viabilidad logística y el costo de semejante empresa. Trasladar toda la estructura de la Corte no es como organizar una excursión escolar, implica una compleja operación con implicaciones presupuestarias que, simplemente, no se han contemplado.

A este desencuentro se suma la polémica propuesta del nuevo presidente, Hugo Aguilar, de eliminar la obligatoriedad del uso de la toga. Un tema que, si bien para algunos puede parecer trivial, ha generado una profunda división entre los ministros y se perfila como otro foco de conflicto en las próximas sesiones. ¿Es la toga un símbolo arcaico y superfluo o una representación de la solemnidad y el respeto que debe inspirar la justicia? El debate está abierto y las posturas encontradas auguran una discusión acalorada.

Más allá de las formas y el protocolo, la verdadera batalla se libra en el terreno de las viejas rencillas y las cuentas pendientes. La sombra de los ministros salientes se cierne sobre la nueva Corte y la pregunta que resuena en los pasillos es si se hará borrón y cuenta nueva o si se revisarán las decisiones tomadas por sus predecesores. La justicia, al parecer, tiene memoria y algunos están dispuestos a remover el pasado.

Este clima de tensión y desconfianza no se limita al interior de la Corte. En los pasillos del Poder Judicial se habla de hostigamiento, espionaje y filtraciones, creando una atmósfera de paranoia e incertidumbre. El caso de la ministra presidenta Norma Piña es paradigmático. La filtración de información privada sobre sus viajes a Vancouver, distorsionada y manipulada para crear una narrativa de supuesto “autoexilio”, revela la vulnerabilidad de los ministros ante las campañas de desprestigio y la intromisión en su vida personal. La verdad, sin embargo, es mucho más sencilla y humana: la ministra viaja para acompañar a un ser querido en un delicado tratamiento médico.

Mientras tanto, fuera de los muros del Poder Judicial, las intrigas políticas continúan. Señalan a Jaime Bonilla como el artífice de una campaña en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en represalia por haber frenado un millonario proyecto energético. Las viejas rencillas políticas y los intereses económicos se entrelazan en una trama que amenaza con desestabilizar la región.

En resumen, el panorama de la justicia mexicana se presenta complejo y convulso. La nueva Suprema Corte, lejos de ser un símbolo de renovación y esperanza, se debate entre disputas internas, presiones externas y viejas cuentas pendientes. La justicia, en lugar de ser ciega e imparcial, parece estar atrapada en una telaraña de intereses políticos y ambiciones personales. El futuro del Poder Judicial, y con él el del Estado de Derecho en México, se encuentra en juego.