En un giro inesperado que añade aún más tensión al ya complejo caso de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la recusación de dos ministros: Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esta solicitud, que busca impedir su participación en el debate del amparo presentado por Lozoya contra la sentencia que lo obliga a indemnizar a la periodista Lourdes Mendoza, ha sacudido los cimientos del proceso y ha generado una ola de especulaciones en el ámbito jurídico y político del país.

La maniobra legal de Lozoya se centra en la alegación de una supuesta falta de imparcialidad por parte de los ministros. Según argumenta el exfuncionario, Ríos Farjat mantiene una amistad con Lourdes Mendoza, mientras que Gutiérrez Ortiz Mena tendría vínculos con el excandidato presidencial José Antonio Meade. Estas relaciones, a juicio de la defensa de Lozoya, pondrían en entredicho la objetividad de su voto en un caso tan delicado y mediático.

La solicitud de recusación, presentada justo cuando la Primera Sala de la SCJN se disponía a resolver el amparo, ha provocado el aplazamiento del debate. Fuentes internas del máximo tribunal han revelado que el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena se inclinaba por confirmar la sentencia contra Lozoya, lo que le obligaría a indemnizar a la periodista por daño moral. Este dato añade un nuevo ingrediente al drama judicial, alimentando las teorías sobre las motivaciones reales detrás de la estrategia legal del exdirector de Pemex.

Recordemos que el origen de este conflicto se remonta a las declaraciones de Lozoya ante la Fiscalía General de la República, en las que acusó a Lourdes Mendoza de haber recibido un bolso de lujo de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y de que el gobierno federal habría costeado la colegiatura de su hija. Estas acusaciones, que la periodista ha negado rotundamente, desataron una batalla legal que ha llegado hasta la máxima instancia judicial del país.

La recusación de los ministros Ríos Farjat y Gutiérrez Ortiz Mena plantea interrogantes cruciales sobre la independencia del poder judicial y la transparencia en los procesos legales. ¿Se trata de una estrategia legítima de la defensa de Lozoya para buscar un juicio justo, o es una maniobra dilatoria para evadir las consecuencias de sus actos? ¿Cómo afectará esta situación a la credibilidad de la SCJN y a la confianza de la ciudadanía en la justicia?

Mientras la SCJN analiza la solicitud de recusación, la incertidumbre se cierne sobre el futuro del caso. La decisión que tome el máximo tribunal no solo definirá el destino de Emilio Lozoya, sino que también sentará un precedente importante para la libertad de expresión y el derecho a la reparación del daño en México. El país observa con atención el desenlace de este complejo entramado judicial, con la esperanza de que la justicia prevalezca y se esclarezcan las responsabilidades de todos los involucrados. El tiempo, como siempre, será el juez final.