La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el Ayuntamiento de Acapulco mientras dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervienen en el complejo escenario que enfrenta la alcaldesa Abelina López Rodríguez. Un velo de controversias constitucionales y millonarias cifras sin comprobar tejen una trama que mantiene en vilo a la ciudadanía y a la opinión pública.

La noticia, que ha resonado con fuerza en los últimos días, gira en torno a la presunta falta de comprobación del destino de 898 millones de pesos de recursos federales, una acusación que ha puesto a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) en el centro de la tormenta. El municipio de Acapulco, en una jugada estratégica, ha presentado una controversia constitucional argumentando una invasión de competencias por parte de la ASE, señalando que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la entidad competente para fiscalizar dichos recursos.

En este intrincado laberinto jurídico, el ministro Javier Laynez Potisek ha extendido una mano protectora al Ayuntamiento, otorgando una suspensión que impide la ejecución de cualquier sanción derivada de la auditoría de la ASE. Esta decisión, como un compás de espera en medio de la tempestad, congela cualquier posible acción contra los funcionarios del Ayuntamiento, al menos hasta que la SCJN emita un veredicto definitivo. Se abre así un paréntesis de incertidumbre, donde la justicia deberá desentrañar la maraña de competencias y responsabilidades.

Pero la trama se complica aún más con la intervención de la ministra Yasmín Esquivel, quien ha otorgado una segunda medida cautelar, esta vez directamente a favor de la alcaldesa Abelina López Rodríguez. Esta protección judicial blinda a la alcaldesa contra el proceso de revocación que pendía sobre su cabeza, un proceso que, de concretarse, podría haber truncado su mandato.

La ciudadanía observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, preguntándose sobre el futuro de Acapulco y la gestión de sus recursos. ¿Se aclararán las dudas sobre el destino de los 898 millones de pesos? ¿Prevalecerán los argumentos del Ayuntamiento sobre la invasión de competencias? ¿Qué implicaciones tendrán estas decisiones de la SCJN en el panorama político local?

Mientras tanto, la alcaldesa López Rodríguez continúa al frente del municipio, amparada por las suspensiones otorgadas por los ministros Laynez Potisek y Esquivel. La batalla legal apenas comienza y el desenlace de esta historia aún está por escribirse. Sin duda, los próximos capítulos de este caso serán decisivos para el futuro de Acapulco.

El debate público se intensifica, las opiniones se dividen y la justicia tiene la palabra. El tiempo, como siempre, será el juez implacable que revelará la verdad detrás de esta compleja situación. Acapulco espera, expectante, el veredicto final.