La reciente controversia entre una consejera de Morena y un funcionario estadounidense ha desatado un debate crucial sobre la libertad de expresión. Mientras algunos aplauden la supuesta "puesta en su lugar" de la consejera, otros se preocupan por la posible persecución y las implicaciones para la libertad de expresión. Este incidente, aunque aparentemente aislado, nos obliga a mirar hacia adentro y analizar el preocupante panorama que se cierne sobre la libertad de prensa en México.

Más allá de la anécdota viral, reformas legislativas en estados como Puebla y Campeche encienden las alarmas. Bajo la aparente justificación de “regular” la información y combatir la “desinformación”, se establecen mecanismos que podrían usarse para controlar el discurso público y silenciar voces críticas. La facultad discrecional para determinar qué medio es “profesional” y cuál no, o la criminalización de la difusión de información que “cause alarma”, son ejemplos claros de cómo se puede disfrazar la censura de legalidad. Estas medidas, lejos de promover un debate sano y plural, abren la puerta a la arbitrariedad y a la persecución de periodistas y medios incómodos para el poder.

La situación actual de la prensa en México es alarmante. Las cifras hablan por sí solas: decenas de periodistas asesinados, cientos de agresiones y un índice de impunidad que roza la total inacción de las autoridades. Ante este panorama desolador, en lugar de fortalecer los mecanismos de protección para quienes ejercen el periodismo, se implementan leyes que restringen aún más su labor. La pregunta es inevitable: ¿a quién beneficia realmente el silenciamiento de la prensa?

Si estas prácticas se extienden a nivel federal, el riesgo de un retroceso democrático es inminente. Un país donde la información se controla y manipula desde el poder no puede considerarse una democracia plena. La libertad de expresión no es un privilegio de la prensa, sino un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Una sociedad informada es una sociedad capaz de tomar decisiones conscientes y de exigir rendición de cuentas a sus gobernantes.

No se trata de defender a un gremio, sino de defender el derecho a la información, a la crítica y al debate público. La libertad de expresión es el oxígeno de la democracia y cualquier intento de limitarla, bajo cualquier pretexto, debe ser rechazado con firmeza. La polarización no puede ser excusa para normalizar la censura ni para perseguir a quienes piensan diferente. El debate, aunque a veces incómodo, es esencial para la construcción de una sociedad más justa y democrática. Silenciar las voces críticas, ya sea mediante amenazas veladas o a través de leyes restrictivas, nos empobrece a todos. El futuro de nuestra democracia depende, en gran medida, de nuestra capacidad para proteger y garantizar la libertad de expresión en todos los ámbitos. La historia nos ha enseñado, una y otra vez, que los regímenes autoritarios se construyen sobre los cimientos del silencio y la censura. No permitamos que la historia se repita.