En un giro que ha generado controversia y debate, el Grupo Parlamentario de Morena ha propuesto la creación de un padrón único para periodistas y personas buscadoras de desaparecidos. La justificación principal radica, según argumentan los legisladores, en la necesidad de garantizar el acceso a programas sociales y al sistema de salud estatal para estos grupos vulnerables. Sin embargo, la propuesta ha levantado ampollas entre diversos sectores que ven en ella un potencial riesgo para la libertad de prensa y la seguridad de quienes se dedican a la búsqueda de sus seres queridos.

La iniciativa plantea recopilar datos personales de periodistas y buscadores, con el fin de, según sus palabras, "proyectar y poner en funcionamiento acciones de Estado a su favor y cumplir con el deber legal". Se argumenta que la ausencia de un registro oficial dificulta la atención a las víctimas de estos dos sectores, limitando su acceso a la protección y apoyo que requieren. Los diputados de Morena aseguran que el padrón contendrá información de contacto de los comunicadores y buscadores, lo cual, a su juicio, facilitará la implementación de medidas de protección y la canalización de recursos.

Sin embargo, la propuesta deja fuera a otros defensores de derechos humanos contemplados en la Ley General de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocida como la "Ley Origen". Esta omisión, centrada exclusivamente en periodistas y buscadores de desaparecidos, ha generado suspicacias y cuestionamientos sobre la verdadera intención detrás de la iniciativa. Expertos en la materia señalan que la selectividad de la propuesta podría interpretarse como una forma de control y vigilancia sobre estos grupos, en lugar de una genuina preocupación por su bienestar.

Un punto crucial que alimenta la polémica es la inclusión de la posibilidad de otorgar apoyos y acceso a programas sociales, incluso sin que los periodistas o buscadores hayan sufrido alguna agresión. Este aspecto difiere significativamente del espíritu de la Ley Origen, aprobada en 2017, que descartó el empadronamiento preventivo por considerarlo una violación a los derechos humanos. La posibilidad de condicionar el acceso a beneficios sociales a la inclusión en un padrón genera inquietud sobre la independencia y la libertad de acción de los periodistas, quienes podrían verse presionados a registrarse para acceder a recursos esenciales.

El diputado Luis Ferro, representante de San Miguel de Allende, defendió la propuesta desde la tribuna, argumentando que la iniciativa busca beneficiar a periodistas y buscadores de Guanajuato. Aseguró que la intención no es sobrerregular el ejercicio periodístico ni la labor de búsqueda, sino ampliar los mecanismos de protección. Ferro hizo hincapié en la precariedad económica que enfrentan muchos periodistas independientes, lo cual los hace más vulnerables a agresiones y presiones. Según el diputado, el padrón permitiría identificar a estos periodistas y brindarles el apoyo necesario para garantizar su seguridad.

A pesar de las explicaciones ofrecidas por los legisladores de Morena, la propuesta ha generado un amplio debate público. Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de periodistas y defensores de derechos humanos han expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que representa un riesgo para la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen estas labores. La preocupación principal radica en la posibilidad de que la información contenida en el padrón pueda ser utilizada para fines distintos a los declarados, exponiendo a periodistas y buscadores a represalias o actos de violencia.

La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen. Se espera que en las próximas semanas se lleven a cabo consultas con expertos y representantes de la sociedad civil para analizar a fondo las implicaciones de la propuesta y garantizar que cualquier medida implementada respete plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. El futuro del padrón y su impacto en la libertad de prensa y la protección de los defensores de derechos humanos en México dependerá del resultado de este proceso.