La desaparición del CONEVAL, el organismo encargado de evaluar las políticas sociales en México, ha generado un intenso debate en el Senado. Mientras el partido gobernante, Morena, defiende la medida como una optimización de recursos y una eliminación de duplicidades, la oposición la califica como un grave retroceso institucional y un atentado contra la transparencia. El argumento central de Morena se basa en la idea de que el CONEVAL, con sus 50 plazas fijas y 100 eventuales, representa un gasto excesivo para las funciones que realiza, argumentando que "en lugar de oficinas, necesitamos programas; en lugar de nóminas, becas; y en lugar de burocracia, resultados". Señalan que el presupuesto ejercido por el CONEVAL desde 2018, que asciende a más de 3 mil millones de pesos, podría destinarse a beneficiar a miles de adultos mayores con pensiones. Además, insisten en que la labor de evaluación no desaparecerá, sino que será absorbida por el INEGI, institución que, según ellos, ya genera la información primaria que el CONEVAL analiza.

Sin embargo, la oposición expresa serias preocupaciones. Partidos como Movimiento Ciudadano y el PRI argumentan que el INEGI no cuenta con la estructura ni los recursos para asumir las funciones del CONEVAL, y que esta decisión debilita la autonomía y la objetividad en la evaluación de las políticas sociales. Alertan sobre el riesgo de que la evaluación, ahora en manos del INEGI, pueda estar sujeta a presiones políticas y perder la independencia necesaria para una medición precisa y confiable. Además, señalan la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y cómo la desaparición de un organismo autónomo como el CONEVAL representa un paso atrás en la consolidación de un México democrático.

La controversia se centra en la capacidad del INEGI para asumir esta nueva responsabilidad. Mientras Morena asegura que se trata de una simple transferencia de funciones que permitirá una mayor eficiencia, la oposición teme que se trate de una estrategia para controlar la información y manipular los datos sobre la pobreza y el desarrollo social. El debate también pone de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de optimizar el gasto público y la importancia de mantener instituciones autónomas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas. La pregunta que queda en el aire es si la absorción de las funciones del CONEVAL por parte del INEGI realmente resultará en una mejora en la evaluación de las políticas sociales o si, por el contrario, representará un obstáculo para la lucha contra la pobreza y la desigualdad en México. El tiempo y los resultados serán los que den la respuesta definitiva. La ciudadanía, atenta a los acontecimientos, espera que la decisión tomada beneficie realmente al país y no se traduzca en un retroceso en materia de transparencia y desarrollo social.