La sombra de la militarización se extiende sobre México. Con una celeridad que ha despertado la inquietud de diversos sectores, las comisiones del Senado de la República han dado luz verde a la reforma que coloca a la Guardia Nacional bajo el control operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Un velo de opacidad cubrió inicialmente la sesión, pues la transmisión en vivo se activó solo después de que el debate ya había avanzado significativamente, levantando sospechas sobre la transparencia del proceso.

Este paso, considerado crucial por el gobierno federal, ha sido duramente criticado por la oposición, quien denuncia la creciente militarización del país. Con 14 votos a favor y 6 en contra, la reforma ha superado el escollo de las comisiones de Guardia Nacional y Estudios Legislativos, Primera, pero el debate está lejos de terminar. La discusión se centra en el traspaso de las funciones de la Guardia Nacional al Ejército, una medida que, según los críticos, desdibuja la línea entre la seguridad pública y las fuerzas armadas, poniendo en riesgo los derechos humanos de la ciudadanía.

La iniciativa presidencial argumenta la necesidad de una fuerza unificada y eficaz para combatir la delincuencia organizada. Se estipula que la Guardia Nacional estará conformada por personal del Ejército, Fuerza Aérea y personal civil de confianza. Su objetivo principal será preservar la paz social y proteger los derechos de la población, colaborando con las entidades federativas y municipios en tareas de seguridad pública. Sin embargo, la oposición cuestiona la falta de controles civiles efectivos sobre la Guardia Nacional, lo que podría derivar en abusos de poder y violaciones a las garantías individuales.

Uno de los puntos más controvertidos es la facultad de la Guardia Nacional para realizar labores de investigación e inteligencia, en coordinación con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública. Esto incluye la posibilidad de recabar información en lugares públicos utilizando diversos medios e instrumentos, lo que ha encendido las alarmas sobre la posible vulneración del derecho a la privacidad. Si bien se establece que se deben respetar los derechos humanos, la oposición argumenta que la falta de mecanismos de supervisión independientes deja un amplio margen para la discrecionalidad y el abuso.

La preocupación se agrava ante la posibilidad de que la Guardia Nacional realice tareas de verificación para la prevención de infracciones administrativas. ¿Qué tipo de infracciones? ¿Qué métodos se emplearán para su verificación? Estas son preguntas que aún no tienen respuestas claras y que alimentan la incertidumbre sobre el alcance real de las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional.

El debate en el Senado se prevé intenso y polarizado. La sociedad civil observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, exigiendo garantías de que la seguridad pública no se construya a costa de la libertad y los derechos fundamentales. El futuro de la Guardia Nacional y el modelo de seguridad en México están en juego. ¿Se consolidará la militarización o se privilegiará un enfoque de seguridad ciudadana con controles civiles robustos? El tiempo lo dirá.