La sombra de la duda se cierne sobre el proceso electoral judicial. A medida que se desgranan los datos, la imagen que emerge dista mucho de la transparencia y legitimidad que deberían caracterizar un ejercicio de tal envergadura. Lejos de consolidar la justicia, la llamada reforma judicial, impulsada desde el poder ejecutivo, parece estar plagada de vicios que la deslegitiman desde su raíz.

Analizando con detenimiento el proceso, se identifican cinco distorsiones fundamentales. La primera, y quizás la más evidente, es la sospecha de una venganza política orquestada desde la presidencia contra aquellos jueces que osaron frenar sus acciones, calificadas por algunos como autoritarias y desmedidas. Esta percepción de ajuste de cuentas tiñe de ilegitimidad todo el proceso, sembrando la duda sobre la imparcialidad de los nuevos magistrados.

En segundo lugar, la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, consentida por las autoridades electorales, distorsiona la representatividad real de la ciudadanía y abre la puerta a la manipulación de las mayorías. Este desequilibrio de poder pone en entredicho la legitimidad de las decisiones tomadas en el legislativo, incluyendo aquellas relacionadas con la designación de jueces.

A esto se suma la traición de algunos legisladores, quienes, cambiando de bando en busca de beneficios personales o por presiones políticas, han contribuido a la creación de mayorías artificiales. Esta práctica no solo mina la confianza en la clase política, sino que también pone en tela de juicio la integridad del proceso legislativo.

La ambición desmedida de un ministro, que traicionó los principios de su profesión, constituye la cuarta distorsión. Este acto de oportunismo erosiona la credibilidad del Poder Judicial y alimenta la desconfianza ciudadana en las instituciones.

Finalmente, la quinta distorsión radica en la ignorancia, tanto del autor intelectual de esta reforma como de aquellos que la aplaudieron sin cuestionarla. Esta falta de conocimiento y análisis crítico ha dado lugar a un sistema judicial frágil y vulnerable a la manipulación política.

El resultado de estas cinco distorsiones es un Poder Judicial sin legitimidad, cuya credibilidad se ve aún más deteriorada por la baja participación ciudadana en el proceso electoral. La apatía demostrada por el electorado, reflejada en el escaso 13% de participación, contrasta con el 61% registrado en las elecciones presidenciales de 2024. Millones de boletas sin usar, un porcentaje histórico de votos nulos y la baja participación en estados clave como Jalisco y Guanajuato, pintan un panorama desolador.

El análisis realizado por la consultora Integralia revela aún más irregularidades. La evidencia de una posible operación de Estado para colocar a personas afines al régimen en puestos clave del Poder Judicial, incluyendo la Suprema Corte y el Tribunal de Disciplina Judicial, es alarmante. La presunta utilización de tácticas fraudulentas como el carrusel y el "embarazo de urnas", denunciadas por consejeros del INE, profundiza la crisis de legitimidad.

México, una nación con una rica historia y un enorme potencial, no merece ser sometido a esta farsa. El camino hacia la consolidación democrática exige transparencia, imparcialidad y respeto a la voluntad ciudadana. Es imperativo revisar y corregir las deficiencias del sistema judicial para recuperar la confianza de la ciudadanía y construir un futuro más justo y equitativo. De lo contrario, el riesgo de convertirnos en un “país bananero” será cada vez más real.