La sombra de la sospecha se cierne nuevamente sobre la figura del ex gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez. Su comparecencia ante el Juzgado Primero de lo Penal, en un ambiente de hermetismo y rodeado de sus antiguos colaboradores, Arnoldo Ochoa González y Carlos Novoa, ha despertado inevitablemente las interrogantes de la ciudadanía colimense. ¿Qué motivos lo llevaron a presentarse ante la justicia? ¿Guarda relación con las acusaciones de peculado que pesan sobre él? El silencio del ex mandatario, escudándose en el "debido proceso", alimenta la incertidumbre y da pie a especulaciones.

Recordemos el contexto: el año 2021, último de la administración Peralta Sánchez, fue marcado por una profunda crisis financiera en el estado. La declaración de insolvencia para el pago de nóminas, impactando a sectores cruciales como médicos, policías y maestros, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Las protestas y la desesperación de los trabajadores, incluyendo a los del Supremo Tribunal de Justicia, pintaron un panorama desolador. La Universidad de Colima, ante la falta de los subsidios prometidos y una deuda millonaria, se vio obligada a interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

La intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, reuniéndose con Peralta Sánchez e Indira Vizcaíno, entonces gobernadora electa, buscó una solución de emergencia. La entrega de recursos extraordinarios, bajo la estricta vigilancia para evitar desvíos, dejó en evidencia la profunda desconfianza en el manejo de las finanzas estatales.

El equipo de transición de Vizcaíno Silva, al asumir el gobierno, reveló una deuda pública abrumadora, que ascendía a miles de millones de pesos, incluyendo pasivos con proveedores, instituciones bancarias y la deuda de la nómina. Las irregularidades detectadas, como el presunto desvío de fondos destinados al C5i y al Instituto de Pensiones del Estado, abrieron la puerta a investigaciones y procesos judiciales. El caso del ex secretario de Finanzas, Carlos Novoa, vinculado a proceso por peculado en relación con el Instituto de Pensiones, es un ejemplo de las consecuencias legales que se derivan de estas acusaciones.

Ahora, la comparecencia de Peralta Sánchez ante el juez de control abre un nuevo capítulo en esta compleja trama. La ciudadanía colimense exige transparencia y justicia. Se espera que el proceso judicial arroje luz sobre los hechos y determine las responsabilidades en el manejo de los recursos públicos. Mientras tanto, la incertidumbre y la especulación continuarán alimentando el debate público. ¿Se trata de una simple formalidad o el inicio de un proceso que podría tener consecuencias significativas para el ex gobernador? El tiempo y la justicia tendrán la última palabra.