La creciente ola de censura gubernamental contra periodistas y ciudadanos ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una preocupante realidad. Ya no se discute su existencia, sino las profundas implicaciones que tiene para nuestra democracia. Lo que estamos presenciando es una estrategia cuidadosamente orquestada, que va más allá de simples sanciones: busca sembrar el miedo y silenciar cualquier voz disidente.

El caso del diario Tribuna de Campeche es un ejemplo paradigmático. La millonaria multa y la inhabilitación de su director no son un castigo aislado, sino un mensaje claro al resto de la prensa: atreverse a criticar tiene un precio muy alto. Este tipo de acciones punitivas buscan generar un efecto dominó, intimidando no solo al medio sancionado, sino a todo aquel que ose cuestionar el poder.

Pero la intimidación no se limita a los medios de comunicación. Ciudadanos comunes, como Karla Estrella, una ama de casa de Sonora, se han convertido en blanco de esta maquinaria represora. Su "delito": criticar en redes sociales a un diputado y su esposa por presunto nepotismo. La desproporcionada respuesta del Tribunal Electoral – multa, disculpas públicas y cursos de "sensibilización" – revela la fragilidad del poder ante la crítica y su afán por aplastar cualquier atisbo de disidencia, por pequeño que sea.

La estrategia del miedo se basa en maximizar el costo – económico, reputacional, legal – de la crítica. El caso de Laisha Wilkins, a quien se le impuso una posible multa exorbitante por una simple respuesta en Twitter, ilustra la desmesura con la que se persigue a quienes se atreven a alzar la voz. Estas sanciones desproporcionadas no buscan reparar un daño, sino infundir temor y silenciar a la población.

Lo más alarmante es la creciente tendencia a codificar penalmente la censura. Bajo el pretexto de combatir la violencia contra las mujeres, se introducen figuras ambiguas como la “difamación” o el “daño emocional”, que abren la puerta a la criminalización de la opinión. La recientemente aprobada "ley censura" en Puebla, con penas de cárcel para el “ciberasedio”, es un ejemplo escalofriante de esta deriva autoritaria.

Este panorama se agrava con la promoción de leyes federales que facilitarían la censura de contenidos, el bloqueo de plataformas digitales, el acceso a datos privados sin orden judicial e incluso el espionaje legal. Iniciativas como la CURP biométrica o el padrón de telefonía, concentrarían información sensible en manos del Estado, sin contrapesos efectivos, convirtiendo a la ciudadanía en objeto de vigilancia constante. A esto se suma la preocupante instrumentalización del Poder Judicial, que ha dejado de ser un garante de derechos para convertirse en un brazo ejecutor del poder.

La crítica, incluso la más incómoda, es el oxígeno de una sociedad democrática. El silencio, por el contrario, es el caldo de cultivo del autoritarismo. La creciente censura en México no es un problema aislado, sino un síntoma de una deriva autoritaria que amenaza nuestras libertades fundamentales. La indiferencia ante esta realidad es tan peligrosa como la propia censura. Es hora de romper el silencio, de exigir el respeto a la libertad de expresión y de defender los espacios democráticos que con tanto esfuerzo se han construido. El futuro de nuestra libertad depende de ello.