La democracia mexicana se encuentra en un punto crítico. La premura con la que Morena y sus aliados impulsan reformas trascendentales durante el periodo extraordinario de sesiones del Congreso, sin la debida transparencia ni debate, levanta serias preocupaciones sobre el futuro del país. Este afán de aprobar leyes al vapor, sin dictámenes listos y sin escuchar las voces de la ciudadanía, nos recuerda a épocas oscuras donde el poder se concentraba en unas pocas manos, ignorando la pluralidad y la importancia de la deliberación.

No podemos permitir que la improvisación sea la norma en la creación de leyes que impactan directamente en la vida de millones de mexicanos. La falta de análisis profundo, la ausencia de consultas con la sociedad civil y expertos, y el desprecio por propuestas alternativas que prioricen el bien común, son señales alarmantes de un autoritarismo creciente. Reformar leyes que afectan la privacidad, la economía y los derechos fundamentales sin el debido proceso es una irresponsabilidad que pone en riesgo el futuro de nuestra nación.

El caso de la Ley de Telecomunicaciones es un ejemplo paradigmático de esta preocupante tendencia. Su aprobación apresurada, sin el escrutinio público necesario, amenaza la privacidad y la libertad de expresión, dos pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. La pretensión de desmantelar órganos autónomos como el Coneval, absorbiéndolo por el INEGI, debilita la evaluación independiente de las políticas sociales, precisamente cuando la pobreza afecta a más de un tercio de la población. ¿Cómo podemos confiar en un gobierno que desmantela los mecanismos de control y evaluación, concentrando cada vez más poder en el Ejecutivo?

La concentración de facultades e información sensible en manos del Ejecutivo, incluyendo datos biométricos y registros financieros, sin controles judiciales claros, es un paso peligroso hacia un Estado autoritario. La supuesta mayoría calificada con la que Morena justifica estas acciones es una farsa, producto de una sobrerrepresentación legislativa que no refleja la voluntad popular.

La prisa de Morena no es casual. Legislar sin leer, sin analizar, sin debatir, sacrifica las necesidades reales de las familias mexicanas que luchan día a día contra la inseguridad y la precariedad económica. Cada reforma aprobada sin el debido proceso es una piedra más en el camino hacia un México donde el poder se ejerce sin contrapesos, donde las voces críticas son silenciadas y donde el futuro de nuestros hijos se decide en la oscuridad.

Desde el Senado, la oposición exige un alto a esta forma de legislar. Exigimos transparencia, dictámenes sólidos, consultas públicas que incluyan a todos los sectores de la sociedad. Las reformas deben respetar los derechos fundamentales, con controles judiciales claros para proteger la privacidad y la libertad de expresión, tal como lo manda nuestra Constitución. El Congreso debe recuperar su papel como contrapeso al Ejecutivo, no actuar como un simple sello de goma para sus caprichos.

Los mexicanos merecen un Senado que escuche, que debata, que legisle con responsabilidad. No podemos permitir que Morena continúe legislando sobre las rodillas, imponiendo su agenda por encima del bienestar colectivo. Es nuestro deber defender un México donde la voz de la ciudadanía sea escuchada, donde las leyes sirvan a las familias y donde la democracia sea un compromiso vivo. El futuro de nuestro país no se construye con imposiciones, sino con diálogo, transparencia y respeto por todos.