La libertad de expresión en México se encuentra en un estado paradójico. Por un lado, gozamos de una apertura innegable, visible en la prensa, medios electrónicos y redes sociales, donde la crítica al gobierno, incluso feroz y a veces cargada de odio y clasismo, es una constante. Esta misma realidad, sin embargo, es negada por algunos que, paradójicamente, la ejercen a plenitud, sin darse cuenta de que sus propias opiniones la confirman.

Pero esta libertad, consagrada en nuestra Constitución, está siendo atacada por agentes e instituciones del Estado. Estos ataques, lamentablemente, no han recibido una respuesta contundente por parte de las altas esferas del gobierno, ni desautorizaciones públicas ni acciones concretas para detenerlos. El caso más alarmante es el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con la clausura del diario digital Tribuna y la persecución legal contra su ex director, Jorge Luis González Valdez. Otro ejemplo preocupante es la reforma penal impulsada en Puebla, que parece criminalizar la crítica en redes sociales y fomentar la censura.

Si bien el presidente se pronunció a favor de la libertad de expresión tras el caso de Campeche, las acciones de la gobernadora, al parecer, siguen vigentes. Un caso similar, aunque menos estridente pero igualmente regresivo, es el de la esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien denunció violencia política en razón de género (VPRG) contra una ciudadana que señaló en X (antes Twitter) el nepotismo en su candidatura. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló a favor de la denunciante, imponiendo una multa, la inclusión en una lista negra por VPRG y una disculpa pública. Esta sentencia no solo ignora la prohibición constitucional del nepotismo electoral (adoptada por Morena, el partido de Gutiérrez Luna), sino que vulnera la libertad de expresión, amparada por la Constitución. El empate en la Sala Superior, resuelto por el voto de calidad de la presidenta, Mónica Soto, trasciende lo meramente jurídico, al recordarse una foto de Soto con Gutiérrez Luna. Esto genera una inevitable suspicacia sobre la imparcialidad del fallo.

En México, la libertad de expresión existe, pero se debilita con estos ataques provenientes de quienes tienen la obligación de protegerla.

¿Dónde está la VPRG? Un análisis del fallo del TEPJF

Es necesario profundizar en lo sucedido en el Tribunal Electoral. El mensaje en X que originó la denuncia por VPRG, publicado por Karla María Estrella Murrieta, criticaba la postulación de Diana Karina Barreras Samaniego, esposa de Gutiérrez Luna, y señalaba la influencia del diputado en la candidatura. El mensaje no mencionaba directamente a la esposa, y la crítica se centraba en el diputado. ¿Dónde está la VPRG? Parece residir en la interpretación de dos de los cinco magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Soto y Felipe Fuentes, quienes rechazaron el proyecto de sentencia de Reyes Rodríguez Mondragón que proponía la exculpación de la usuaria de X. La magistrada Janine Otálora Malassis votó a favor del proyecto exculpatorio, pero la ausencia de Felipe de la Mata generó un empate, resuelto por el voto de calidad de Soto, resultando en la sanción a Estrella Murrieta. El proyecto desechado argumentaba que la publicación, aunque fuerte, se enmarcaba en el debate público y estaba amparada por la libertad de expresión. La sentencia del Tribunal contraviene los artículos 6º y 7º de la Constitución, que garantizan la libertad de expresión y la difusión de información e ideas. Este caso es escandaloso y debería generar un repudio generalizado. La preocupante interpretación de la VPRG por parte del TEPJF no solo limita la libertad de expresión, sino que sienta un precedente peligroso para el debate público en México.