Un terremoto sacude los cimientos del poder judicial. Veinticuatro magistraturas de circuito, esperadas como la savia nueva de la justicia mexicana, quedan desiertas, envueltas en una nube de incertidumbre tras un fallo sin precedentes del Instituto Nacional Electoral (INE). La noticia ha resonado como un trueno en el ámbito jurídico, dejando a su paso un reguero de interrogantes y abriendo un debate crucial sobre los procesos de selección y los estándares de calidad que exige la judicatura.

¿Qué ha sucedido? El INE, tras una exhaustiva y meticulosa revisión que se extendió por siete días, ha determinado la inelegibilidad de los 24 candidatos que habían resultado vencedores en la elección judicial del primero de junio. La causa: un incumplimiento del riguroso promedio mínimo requerido, 8 en licenciatura y 9 en la especialidad. Una vara alta, sin duda, que busca garantizar la excelencia y la idoneidad de quienes aspiran a impartir justicia. Pero, ¿es acaso justa esta medida? ¿Se ha actuado con la debida diligencia? Las opiniones, como era de esperar, se dividen.

Imaginen el escenario: 125 abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos (DEAJ) del INE, inmersos en un océano de documentos, escudriñando más de 55 mil materias de los historiales académicos de los candidatos. Una labor titánica, que pone de manifiesto la seriedad con la que el instituto ha abordado este asunto. “Se revisaron los historiales académicos para ponderar las materias relevantes, capturando entre 3 y 5 asignaturas dependiendo de si se trataba de una especialidad mixta o específica”, explica el INE en un comunicado. “No se mezclaron grados académicos y se clasificaron materias conforme al cargo postulado.” Un proceso minucioso, casi quirúrgico, que buscaba desentrañar la verdad detrás de los números.

Sin embargo, la decisión del INE ha generado un vacío legal que deberá ser abordado con prontitud. ¿Qué sucederá con las 24 magistraturas desiertas? La consejera Dania Ravel, en una intervención que no deja lugar a dudas, ha señalado que “no tenemos ninguna facultad para darle el triunfo a la segunda persona candidata electa”. Una postura que subraya la complejidad del problema y la necesidad de encontrar una solución que respete la legalidad y garantice la imparcialidad del proceso.

La elección de 2027 se perfila como el nuevo horizonte para la designación de estos cargos. Un plazo que, si bien ofrece tiempo para una reflexión profunda sobre los mecanismos de selección y los criterios de evaluación, también plantea el desafío de mantener la operatividad del sistema judicial sin estas 24 figuras clave.

Este episodio, sin duda, marcará un antes y un después en la historia del poder judicial mexicano. Un llamado de atención que nos obliga a repensar la formación de nuestros jueces y magistrados, la importancia de la meritocracia y la necesidad de contar con procesos de selección transparentes e impecables. El futuro de la justicia está en juego, y es nuestra responsabilidad, como ciudadanos, velar por su integridad y su eficacia.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste. Las 24 sillas vacías en las magistraturas de circuito nos recuerdan la fragilidad del sistema y la importancia de construir, sobre bases sólidas, un futuro donde la justicia sea accesible para todos, impartida por profesionales íntegros y altamente capacitados. El debate está abierto. ¿Qué lecciones aprenderemos de este episodio? ¿Qué medidas se tomarán para evitar que se repita? El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.