La incertidumbre que roe el alma. Esa es la sensación que describe la agonía de las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido. Una ausencia que se clava como una espina, más dolorosa incluso que la certeza de la muerte. La mente, convertida en un torbellino de escenarios posibles, imagina el sufrimiento, la angustia, la soledad del ausente. La vida cotidiana se detiene, se fractura, se transforma en un caos de búsquedas frenéticas, de llamadas desesperadas, de noches sin dormir. La esperanza se alterna con la desolación, como las olas del mar que un día acarician la orilla y al siguiente la azotan con furia. Un vértigo emocional que consume días, meses, años… Una herida abierta que sangra en silencio.

Este drama humano, tan íntimo y desgarrador, trasciende el ámbito privado y se convierte en un clamor de justicia social. Porque la seguridad y la procuración de justicia son pilares fundamentales del Estado. Y cuando estos fallan, las consecuencias son devastadoras. No solo para las familias directamente afectadas, sino para toda la sociedad. La salud física y mental se deteriora, los proyectos se truncan, el futuro se desdibuja. El gozo de la vida se desvanece bajo el peso de la ausencia, de la verdad negada, de la justicia ausente.

En este contexto, la reciente iniciativa presidencial sobre la Ley General de Desaparición adquiere una relevancia trascendental. Un paso crucial que, gracias al diálogo y a la participación activa de las víctimas, se ha enriquecido con las aportaciones de quienes conocen de primera mano el dolor de la ausencia. Familiares de desaparecidos, organizados en colectivos a lo largo y ancho del país, e incluso de Centroamérica, han alzado la voz, han compartido sus experiencias, han exigido cambios. Durante meses, en mesas de trabajo presenciales y virtuales, han debatido, propuesto y consensuado modificaciones a la iniciativa, con la firme convicción de que esta ley puede marcar un antes y un después en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Estas modificaciones, que se esperan sean aprobadas en breve, tendrán un impacto directo en todas las entidades federativas. Coinciden, además, con la nueva Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030, impulsada desde la Ciudad de México. Una estrategia que nace de la colaboración, del trabajo conjunto entre instituciones y familiares de desaparecidos, con la firme determinación de encontrar, restituir y, sobre todo, prevenir. Un modelo que, por su enfoque integral e innovador, se perfila como la vanguardia nacional en la materia.

La reciente convocatoria para la titularidad de la Comisión Local de Búsqueda en la CDMX es una muestra más de este compromiso. La sociedad civil, en particular los colectivos de familiares de desaparecidos, ha expresado con firmeza la necesidad de que el nuevo titular cuente con una sólida experiencia en la materia, tanto técnica como práctica, y que, sobre todo, tenga la empatía y la sensibilidad necesarias para acompañar a las víctimas en su proceso de búsqueda. Porque la tarea que les espera es enorme: implementar la nueva Estrategia de Búsqueda, devolver la esperanza a miles de familias y construir un futuro donde la desaparición forzada sea una tragedia del pasado. Un futuro donde la verdad y la justicia brillen con la fuerza de la esperanza.