La reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a las más de 60 impugnaciones presentadas tras la elección del Poder Judicial ha generado un intenso debate. La decisión de declarar improcedentes dichos recursos, argumentando cuestiones como la extemporaneidad, la falta de materia, la inexistencia de los actos impugnados, la carencia de definitividad e interés jurídico, y el incumplimiento de los requisitos legales de procedencia, ha dejado a muchos con interrogantes.

Uno de los casos más resonantes, y que ha acaparado la atención mediática, es el relacionado con la ministra Yasmin Esquivel Mossa y la solicitud de investigación por el supuesto plagio de su tesis de licenciatura. La improcedencia declarada en este caso, bajo el argumento de una omisión por parte de la Comisión Temporal del proceso electoral extraordinario del Instituto Nacional Electoral (INE) en dar respuesta a la petición del actor, ha levantado ampollas. La discrepancia entre los magistrados, con los votos en contra de Reyes Rodríguez y Janine Otálora Malassis, quienes consideran que sí existió una omisión del INE al no emitir una respuesta fundada y motivada, añade aún más complejidad al asunto. ¿Se está protegiendo a la ministra? ¿Se está pasando por alto una posible falta grave? Estas son las preguntas que muchos se hacen y que exigen una respuesta clara y transparente.

Es fundamental analizar a profundidad las implicaciones de esta decisión. La falta de respuesta del INE, como señalan los magistrados Rodríguez y Otálora Malassis, genera dudas sobre la imparcialidad y la diligencia del proceso. Si la Comisión no ha respondido a la petición, ¿cómo se puede determinar la improcedencia del juicio? ¿No se está negando el derecho del actor a una respuesta justificada? La falta de pronunciamiento del Consejo General del INE sobre las peticiones del actor durante la declaración de validez de la elección agrava aún más la situación.

Más allá del caso de la ministra Esquivel, la desestimación de las demás impugnaciones, incluyendo aquellas relacionadas con la supuesta vulneración de los principios de igualdad y equidad en la contienda electoral por la distribución de "acordeones", y la presunta violación de derechos humanos y político-electorales, deja un sabor amargo. ¿Se están investigando a fondo estas denuncias? ¿Se está garantizando la transparencia y la legitimidad del proceso electoral? La ciudadanía tiene derecho a saber si sus votos fueron respetados y si las elecciones se llevaron a cabo de manera justa.

La decisión del TEPJF plantea serias dudas sobre el acceso a la justicia y la protección de los derechos político-electorales. La complejidad de los argumentos legales utilizados para desestimar las impugnaciones puede dificultar la comprensión para la ciudadanía y generar desconfianza en las instituciones. Es necesario un esfuerzo por parte de las autoridades para explicar con claridad los fundamentos de sus decisiones y garantizar que se está actuando con imparcialidad y en defensa de la legalidad. El futuro del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral dependen de ello. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sólida y deben ser defendidas a toda costa.